Chetumal.- Un juez sentenció que el Ayuntamiento de Othón P. Blanco tiene un plazo improrrogable de dos meses para sanear el actual relleno sanitario, y cuatro para implementar un programa de clausura y apertura de un nuevo basurero, aunque el municipio todavía puede interponer un recurso de revisión.
El abogado Héctor Pérez Rivero explicó que esta sentencia, por el juicio de amparo 306/2019 interpuesto por su despacho para la protección de los niños de la colonia Las Américas, ya fue notificado el pasado 29 denoviembre.
“Lo medular es que se realizaron inspecciones judiciales y se determinó que no cumple las normas de la Semarnat”, comentó. “No hay pared perimetral, hay más basura afuera que adentro, no hay laguna de lixiviados”.
Indicó que la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) ya había determinado que el lugar no era apto, por lo que impuso una multa de 3 millones de pesos, además de ordenar el saneamiento del lugar; sin embargo, seis meses después, no se ejecutaron las sanciones, hecho que hizo que la sentencia del juez fuera especialmente dura.
El abogado dijo saber que el problema tiene años y data de administraciones pasadas, pero también indicó que el actual gobierno ya lleva un año con conocimiento de este foco de contaminación para las familias de las Américas 3, sin hacer nada.
Incluso, la PPA reveló que ya se cuenta con un programa de clausura, pero que no se puso en acción por no tener el municipio dinero u otro relleno sanitario. “Ahora el juez determina que eso ya es problema del Ayuntamiento”, añadió Pérez Rivero.
Los niños de Las Américas, en especial de Las Américas 3, tienen problemas estomacales, en ojos, garganta y hasta hongos, por causa del basurero, “son cosas que no se ven a simple vista, pero que se reflejan en la salud”.
El Artículo 4 de la Constitución les garantiza el derecho a un ambiente sano, derecho que hicieron valer por medio de este juicio de amparo, interpuesto en abril.
El abogado admite que el Ayuntamiento y la PPA probablemente interpongan un recurso de revisión, para ganar tiempo, el que se iría ante un tribunal colegiado, pero estimó que solo ganarían cinco meses más, sin cambiar el sentido de la sentencia.
De no acatar, procede a la destitución de las autoridades, lo que incluiría al presidente municipal, Otoniel Segovia Martínez, así como la síndico y los directores involucrados.
Indicó que ahora que está “de moda” añadir impuestos, deben hallar una solución para este problema, aclarando que el impuesto a la basura que solicitan al congreso es solo para el servicio de recolecta.
