Playa del Carmen.- El Gobierno de Solidaridad, encabezado por Laura Beristain Navarrete, impulsa una administración digital competitiva, que combate la corrupción y activa plataformas que generan normas claras para trámites y servicios simplificados.
Con estas acciones, se logra obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.
En este sentido, hoy las direcciones de Unidad de Mejora Regulatoria y Tecnologías de la Información y Comunicación, presentaron la activación del Registro Municipal de Trámites y Servicios al que se le suma la ventanilla Protesta Ciudadana —que se encuentran activas en la página oficial del gobierno de Solidaridad— para promover la eficiencia y eficacia gubernamental, así como la transparencia y competitividad.
La titular de la Unidad de Mejora Regulatoria, Amanda Degyves Carral, subrayó que la digitalización de trámites y servicios reduce tiempos de apertura de nuevas empresas que propicia la generación de nuevos empleos.
“Es un gran honor para nuestro municipio promover la política pública de Mejora Regulatoria, la cual persigue la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas y de servicios”, destacó.
En el evento estuvieron presentes la tercera regidora Luz Fabiola Verónica Ballesteros Xicoténcatl; el secretario general, Alfredo Paz Paredes; cámaras empresariales, directoras generales e invitados.
El Registro Municipal de Trámites y servicios (REMTyS), es el conjunto de registros electrónicos que compilan los trámites y servicios de los sujetos obligados. Mediante su publicación, los ciudadanos y empresarios podrán consultar los trámites y servicios de manera ágil y sencilla.
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Con ello, se garantiza la transparencia al poner a su disposición la información requerida para realizar un trámite o solicitud de un servicio, lo que propicia el cumplimiento de obligaciones, brindando la certeza jurídica de que el Gobierno Municipal no puede solicitar información o documentación adicional a la establecida en el REMTyS.
