Chetumal.- Tal como ocurre en otras entidades, y como está previsto en la constitución mexicana, ahora en Quintana Roo las instancias de gobierno también tendrán que hacerse responsables de los daños que ocasionen con “actividad administrativa irregular”, lo que incluiría averías a vehículos a causa de baches en las calles, por ejemplo.
Se trata de una reforma a la Constitución estatal, en la que se adiciona esta obligación en el Artículo 160 de la misma, ingresada a finales de noviembre del año pasado por la diputada local Lili Campos Miranda, y ratificada en días pasados por la Comisión Permanente del Congreso del Estado.
Únicamente falta que el decreto sea promulgado, mediante su publicación en el Periódico Oficial del Estado, para que comience a cobrar vigor.
Se trata de un tema ya muy tratado anteriormente, pues en otras entidades, como la Ciudad de México, donde además de una ley, existe la figura de la Agencia de Gestión Urbana, que habitualmente se encarga de darle trámite a quejas ciudadanas, como la de nuestro ejemplo, de un daño generado por un desperfecto en la calle.
En el caso de Quintana Roo, aunque ya dos veces antes se interpusieron iniciativas de ley para contar con una Ley de Responsabilidad Patrimonial (por parte del ex diputado Jorge Aguilar Osorio, hoy secretario del Ayuntamiento del Benito Juárez; y por parte de ciudadanos de Playa del Carmen), ninguna de las dos prosperó, al quedarse únicamente en comisiones.
Posiblemente, esto fuera porque carecían de un sustento constitucional, cosa que cambia con este último decreto. Según el documento, el Artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “el Estado será responsable de manera objetiva y directa, a causa del despliegue administrativo irregular de sus funciones, reconociendo simultáneamente el derecho de toda persona a ser indemnizados de manera integral”.
De lo que se trató, entonces, era armonizar esta exigencia federal al recogerla en la constitución local, que indica prácticamente lo mismo, a saber: “La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de particulares será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”.
A falta de una legislación, queda por definirse lo que es la “actividad administrativa irregular”, al igual que las “bases límites y procedimientos” para las indemnizaciones. Sin embargo, revisando la experiencia de otros estados y de la Federación, se ve que sí incluye hechos como daños por baches.
En cuanto al plazo, tendrá que surgir por litigio, pero si al ingresar una queja un ciudadano, no recibe respuesta de parte de la autoridad, dentro del plazo previsto (40 días hábiles), entonces por principio de “afirmativa ficta” se le debe dar la razón y, en este caso, pagar por los daños.
Queda por ver si los ciudadanos ejercitan esta nueva herramienta a su disposición y si el gobierno genera mecanismos para darles trámite.
