La indignación y la exigencia de justicia se hicieron presentes en el corazón de la Ciudad de México este fin de semana, cuando Itzel, una madre desesperada, encabezó una protesta frente al Palacio de Bellas Artes. Su pequeña hija de un año y 11 meses habría sido víctima de abuso sexual en una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Según el desgarrador testimonio de Itzel, los hechos ocurrieron en la unidad número 23 del sistema de guarderías del IMSS, donde la menor estaba inscrita desde enero. Las agresiones, inicialmente físicas, se intensificaron con el paso de los meses, culminando en un abuso sexual que fue confirmado por un médico legista.
La madre denunció que, a pesar de haber reportado los primeros signos de violencia, como un rasguño en el rostro de su hija, las autoridades de la guardería no tomaron las medidas necesarias. Al notar cambios preocupantes en el comportamiento de la menor, Itzel decidió buscar ayuda médica y legal.
Este caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de los niños en las instituciones educativas y ha puesto en el centro de atención la problemática del abuso sexual infantil en México. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), millones de menores mexicanos son víctimas de este delito cada año, y en la mayoría de los casos, los agresores son personas cercanas a las víctimas.
La protesta de Itzel se suma a una serie de denuncias similares que han surgido en el país. Recientemente, en Mexicali, Baja California, una niña de cinco años fue presuntamente abusada por dos docentes en su kínder. Estos hechos han generado una ola de indignación y han llevado a las autoridades a tomar medidas, como la separación de los presuntos responsables.
La sociedad civil y las autoridades deben trabajar de manera conjunta para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños. Es fundamental fortalecer los protocolos de prevención y atención de casos de abuso sexual infantil, así como brindar un acompañamiento integral a las víctimas y sus familias.
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Un caso similar es el de Kim, una niña de cinco años quien presuntamente fue atacada por dos docentes en el kínder al que asistía. Este caso, denunciado en 2024, también generó protestas de familiares y padres de otros niños frente al centro educativo. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que los señalados fueron separados de sus cargos y aseguró que las investigaciones continuarían hasta llegar a una resolución.
Con información de El Imparcial
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