PLAYA DEL CARMEN, MX.- En los últimos días, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Solidaridad ha sido protagonista, pero no por su trabajo en las calles, sino por otras cuestiones totalmente distintas que llevaron a la renuncia de su titular, Juan Martín Rodríguez Olvera, y la llegada de Joaquín Morales Hernández, quien hasta ayer se desempeñó como director de la Policía Preventiva.
Como se recordará, el pasado sábado en las instalaciones de esta dependencia varios elementos se manifestaron y con ello, nos demostraron a los ciudadanos que, si se lo proponen, pueden ser efectivos para proteger…
Pero proteger el destino final de los recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) del Gobierno Federal.
Lamentablemente siguen lejos, muy lejos de cumplir con lo que la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo establece en su Capítulo Segundo, Artículo 20: “Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia de Seguridad Pública:
I. Garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas y sus bienes en el territorio municipal, así como preservar y guardar el orden público, expidiendo para el efecto los bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general en esta materia”.
Igualmente, falta mucho para que cumplan con lo establecido en el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Solidaridad que, en su artículo 60, refiere:
“En el Municipio funcionarán cuerpos de Policía Preventiva, Tránsito, Policía
Turística, y Bomberos cuya función primordial será velar por la seguridad y bienestar de los
habitantes, protegiéndolos en sus bienes y en el ejercicio de sus derechos”.
Sí, los gendarmes evidenciaron algunas irregularidades en lo que a recursos federales destinados para ellos se refiere. Pero también exhibieron que, para servir a la sociedad, no actúan con el mismo ímpetu.
Los involucrados en la protesta, también mostraron una convicción poco común al negarse a dialogar con el secretario general y el tesorero del Ayuntamiento, Alberto Farfán Bravo y Asunción Ramírez Castillo, respectivamente. Mucho menos con el síndico municipal Juan Carlos Beristaín Navarrete, que se presentó no para resolver, sino para figurar. Desde el principio fueron claros, no negociaron con ninguna autoridad, sólo con la Presidenta Cristina Torres Gómez.
Y lo lograron, la Presidenta Municipal los atendió personalmente, y tras escuchar sus inconformidades, Cristina Torres instruyó otorgar un pago único equitativo para los beneficiados por el FORTASEG, y reiteró su disposición de apoyarlos y seguir mejorando su preparación para las evaluaciones del C3.
En pocas palabras, los uniformados obtuvieron una victoria para hacer valer sus derechos.
Ahora, tras obtener este pago de 17, 000 pesos por policía, ¿están motivados a cuidar a los ciudadanos y cumplir con lo estipulado en los artículos 20 y 60 de la Ley de Seguridad Pública de Quintana Roo y del Bando de Policía y Buen Gobierno ya citados arriba?
La organización y decisión con que actuaron este sábado, ¿alcanzará para inhibir a la delincuencia, reducir las cifras de robo a casa-habitación, de asaltos a comercios?
Con esta muestra de que “sí se puede”, ¿los habitantes de Solidaridad ahora sí podrán sentirse seguros y decir que cuentan con una policía eficiente y decidida a combatir el crimen?
O, de plano, no nos hacemos ilusiones y los solidarenses seguiremos viendo a una policía apática que sólo atribuye a causas ajenas a ellos sus pobres resultados.
Custodios del Centro de Retención también hicieron una muestra… de desinformación
Como una reacción en cadena, dos días después de la manifestación de los guardianes del orden, otros guardianes, los del Centro de Retención Municipal, trataron de aprovechar el momento y exigir prácticamente los mismos beneficios de los primeros.
Sin embargo, a diferencia de ellos, los custodios sólo demostraron dos cosas:
Una total desinformación y desconocimiento de sus derechos y obligaciones; y, lo más triste, que reaccionaron erróneamente al “canto de las sirenas”.
Y es que, detrás de esa reacción, no fue un custodio en particular el que levantara la voz y conminara a sus compañeros a manifestarse.
Los inconformes fueron motivados por otras voces que los utilizaron con fines totalmente distintos a lo que exigieron con su manifestación.
El trasfondo de esta inconformidad fue con fines políticos por parte de unos pocos que tuvieron la ocurrencia de lanzar la piedra y esconder la mano, esperando un resultado contrario al que finalmente se dio.
En otras palabras, este hecho fue uno de los primeros movimientos promovido por otro grupo político con el objetivo de desestabilizar al actual gobierno a fin de fortalecer una campaña y a un candidato que en breve tendrá que salir de las sombras y que, como en el pasado, lejos de convencer al electorado con propuestas, buscará ganar con acusaciones, señalamientos y desacreditando a sus contrincantes.
Juan Martín Rodríguez Olvera el gran perdedor
Las acciones emprendidas por la presidenta Cristina Torres Gómez, evitaron que estas manifestaciones pudieran crecer y, en consecuencia, afectaran a la población.
Pero, no quedó ahí… este miércoles en la XXXI Sesión Ordinaria de Cabildo, sus integrantes aceptaron la renuncia de Juan Martín Rodríguez Olvera como director general de Seguridad Pública.
La lectura no puede ser otra: Su incapacidad para resolver el conflicto lo llevó a actuar de esta manera. Y debe verse como una derrota del ahora ex funcionario y, al mismo tiempo, como una victoria moral para los elementos que iniciaron la protesta.
Ahora, toca al nuevo titular de esta dependencia municipal, a Joaquín Morales Hernández, dejar atrás este asunto, y enfocarse en la encomienda no sólo que le encargó la presidenta municipal, sino que le exige toda la población de este municipio, mantenernos seguros.
Las autoridades se comprometieron y cumplen las demandas de los policías. Ahora, insistimos, toca a éstos ponerse el uniforme y cumplir con las responsabilidades que conlleva.
