Por Óscar González
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Toman fuerza creciente las especulaciones sobre su inminente defenestración, pues por más que se quiera ser generoso con el fiscal general de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen, es una misión imposible: sobre su actuación como procurador de la justicia en el estado casi nadie dice que sea impecable pero puede haber un espacio para la duda razonable, tanto a favor como en contra, en temas particulares. Sin embargo, en su relación con la sociedad –y ya no se diga la prensa, a la que un día sí y al otro también, culpa de todos los males, e particular de los muchos propios– tema que debiera ser prioritario para un cargo tan sensible, pocas veces en nuestra no corta carrera nos hemos topado con un peor funcionario.
Antes, durante o después del informe del gobernador Carlos Joaquín González, Pech sería removido, pues del acto constitucional del que el propio “defensor del pueblo” le ha puesto color de hormiga los principales problemas del estado en la percepción ciudadana agravada por la “boquita” del abogado –y en las preocupantes cifras– son precisamente la inseguridad y la injusticia.
El maestro en derecho Miguel Ángel Pech –se hace llamar “doctor” por un honoris causa otorgado por un ente patito que vale tanto como si le hubiese salido en una caja de Froot Loops– es legendario no solo por su pleito casado con los medios de comunicación y los reporteros –a quienes por sentido común, teniendo razón o no, debería evitar escrupulosamente jalar las orejas– no tiene parangón por su torpeza para comunicar, lo que no se trata de un problema de faltas las reglas del Manual de Carreño, sino de una debilidad, un defecto grave en extremo porque no solo le genera las peores críticas imaginables sino que contribuye a incrementar la terrible zozobra que genera el crimen, lo que pega directamente en la imagen de Carlos Joaquín. Ya no debe seguir en el cargo y aunque es difícil destituirlo de manera directa, pues la fiscalía es constitucionalmente un órgano autónomo y hasta el congreso requiere de esgrimir una falta grave para hacerlo, sabemos que es posible una operación quirúrgica, como si de extirpar un tumor del cerebro se tratase, pero si el mandatario no lo quiere más ahí pateando el avispero es casi imposible que se sostenga en el cargo.
HELADA MADRINA
El ejemplo más patético de la estulticia comunicativa del fiscal –aunque haya sido un chalán, o más bien chalana, quien la escribió, como desde luego cabe suponer, el responsable es él– fue la primera nota oficial luego del asesinato en Cancún del camarógrafo de Canal 10 Javier Rodríguez Valladares, que si existiese un concurso ex profeso sería contendiente al galardón “Boletín más Idiota de la Historia Universal”: para desdeñar una línea de investigación que ligara el asesinato a su actividad periodística, la Fiscalía dijo que “de manera preliminar se tiene conocimiento (sic) que, (sic) el camarógrafo se encontraba fuera de su horario de labores y sin uniforme, por lo que, por el momento (sic) se descarta que su fallecimiento sea un ataque directo a la libertad de expresión” –los “sic” son para hacer notar que los redactores de la fiscalía no conocen las preposiciones ni saben utilizar las comas–
En el país entero y hasta en ultramar, en todos los tonos, desde la indignación por ese argumento tan estólido utilizado en el caso de un asesinato, especialmente delicado por tratarse del deceso violento de un periodista, tercero en el año en el estado y que se suma a la lamentable lista nacional del segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, hasta la ironía y la sorna, la brillante idea de la fiscalía de relacionar ineluctablemente la no portación de uniforme y un supuesto horario laboral distinto a la hora del óbito con un ataque a la libertad de expresión, haya sucedido o no por ese móvil, dejó al mundo estupefacto.
A lo mejor conoce mucho de derecho el señor Pech –chi lo sa!–, pero en comunicación el organismo que encabeza –o sea, él mismo, como responsable– queda vergonzosamente reprobado.
REPÚBLICA DE BABIA
Tenemos el gusto de comunicarles que el doctor en Humorismo Negro Miguel Ángel Pech Cen –porque reiteramos que en Derecho su posgrado es de maestría– inaugura hoy nuestra nueva sección República de Babia en virtud de la brillante rueda de prensa que encabezó el sábado, anunciando la captura del asesino material del compañero que los reporteros de Cancún llamaban cariñosamente Winnie Poo.
Agradecemos a Jorge y Jorge Alfonso Castro la cita que no oirateamos de JC Comunicaciones:
“Explicó que el detenido fue asegurado, como resultado de un trabajo de investigación, en la esquina de avenida Chac Mool con López Portillo, alrededor de las 15:30 horas.
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“‘El detenido, a quien vamos a identificar Alfredo (N), es el responsable del doble homicidio”, citó mientras era acompañado por el titular de la Policía Ministerial, General David Enrique Velarde Sigüenza.
“Expuso que para llegar al presunto responsable hubo varios testimonios y análisis de pruebas.
“Expuso que el presunto va a ser puesto a disposición del juez que lo requiere.
“El fiscal agradeció el apoyo ciudadano por la información generada en forma anónima.
“Evitó hablar sobre el móvil ni cómo se dieron los hechos.
“Lo que sí reiteró es que dados los datos de prueba hubo suficientes elementos para concluir que el detenido sea el probable responsable”.
Todo bien hasta ahí. ¿Entonces por qué nuestro ínclito fiscal general tiene la primera presidencia de la República de Babia? Pues porque a una pregunta al final de la conferencia acerca de su certeza sobre la responsabilidad del imputado, prácticamente respondió que quién sabe. Según un tuit de Isabel Arvide Limón, aceptó que podría ser un “chivo expiatorio” y que ya el tiempo lo dirá.
Habrá un juez de instrucción del sistema penal acusatorio que vincule a proceso a alguien cuyo acusador admite que bien podría tratarse de un responsable fabricado.
¡De veras! La frente, lo que se dice la frente, no es lo que más amplio tiene el presidente –de Babia, obviamente– Miguel Ángel Pech Cen.
LA DICHA INICUA…
Lo más inteligente, bien escrito y apegado a la ley que leímos estos días –porque no faltaron los post en redes sociales, transmisiones Facebook Live, así como mantas y carteles en los que como si ya se tuvieran terminadas las investigaciones se daba por hecho un atentado contra la libertad de expresión– fue una publicación del periodista Javier Chávez Ataxca en Facebook, en la que dejaba muy claro que la exigencia de la manifestación que organizó en Chetumal frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue para exigir una investigación a fondo, rigurosa y efectiva del nefando crimen. No todos tomaron la convocatoria en ese sentido, dando por hecho algo que en realidad no sabemos, pero es comprensible.
El comunicador David Romero Vara también lo explicó muy bien al hablar de la reacción del presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura, Eduardo Martínez Arcila, quien a pesar de su bien ganado desprestigio pareció dar en el clavo, aunque varios analistas lo interpretaron más bien como parte del retiro del apoyo oficial al doctor de pacotilla –llámese línea, pues ¡de cuando acá Arcila tan celoso de la justica y los derechos humanos!–:
“El presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, señaló que los pronunciamientos que ha manifestado el fiscal en relación al asesinato del camarógrafo del Canal 10 en Cancún, muestra una falta de sensibilidad.
“Por lo que aseguró que tendrán que analizar a fondo el trabajo que está realizando el fiscal, en torno a las demandas que han manifestado los quintanarroenses sobre la falta de impartición de justicia y la inseguridad que se viven el estado principalmente en la zona norte.
“Aseguro que el fiscal general del estado no ha cumplido las expectativas de los diputados, mucho menos de los ciudadanos quienes han exigido su renuncia por la falta de resultados en cuanto al combate a la delincuencia”.
Las manifestaciones, tanto en Cancún como en Chetumal, si bien no despertaron el interés ciudadano, fueron contundentes y nutridas de comunicadores y, como el mismo asesinato, alcanzaron notable eco en los medios de comunicación de prácticamente todo el país. Sin duda, salvo burbujas informativas que quieran crearle al gobernador, se trata de algo que las autoridades habrán de tomar para el futuro inmediato y en el mediano y largo plazos.
HOMÚNCULOS
A los acontecimientos ulteriores al asesinato del colega Javier Rodríguez y a las manifestaciones de indignación de toda índole, especialmente las expresadas por sus compañeros, de manera inverosímil hubo una reacción del grupúsculo que, por asuntos políticos y traumas personales de sus integrantes, presionó para la abrogación de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que ya estaba vigente en Quintana Roo.
Un despistado integrante de ese “colectivo” –así se autodenominan, pues no se trata de alguna asociación civil legalmente constituida– dijo hace poco que son 100 integrantes, pues no entendió les llamamos “Grupo de los 100” como ironía por una expresión en redes sociales de su acre líder, cuando en realidad los miembros se cuentan con los dedos de las manos y queda residuo.
Ya a la infame XV Legislatura venturosamente le queda solo un año, así que la tarea de restaurar la ley de protección que emprendan los comunicadores no mezquinos como esa panda que la derrumbó por estar empoderada, no por tener la razón, seguramente recalará en la agenda de la XVI.
Por desgracia la realidad ya puso de manifiesto lo costoso de la exigencia mezquina de la facción de acomplejados que presionó al Estado para la abrogación de una norma de avanzada, asimilada a las más modernas del país y del planeta, pues incluso el tan alabado mecanismo de protección de la federal Secretaría de Gobernación ya demostró no solo su ineficacia –junto con su “enlace” estatal, que para rimar sin esfuerzo diremos que para vale una pura y dos con sal–, sino porque ya advirtió que no tiene fondos para cumplir su cometido.
GRIOLLOGRAMA
Capulinesca…
“Jiota”, “jiota”, “jiota”, “Jiota”
Ríe tras su infame oso
Un gordo nada gracioso
Pero sí bastante id…