En muchos casos, la participación privada supera en eficiencia a los organismos paraestatales. Tal es el caso de la empresa que tiene la concesión del agua potable en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen, sobre todo si se compara con el desempeño fallido de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). Los contrastes son contundentes.
A luces de toda la población, CAPA enfrenta múltiples denuncias por su deficiencia técnica, ambiental y financiera. Estudios e investigaciones han detectado problemas graves, de los que hay varias pruebas.
Por ejemplo, la planta de tratamiento Centenario, en Chetumal, no tiene una capacidad adecuada, lo que causa que las aguas residuales —todavía con materia orgánica— se viertan en la sabana, promoviendo la proliferación de la lechuguilla y amenazando ecosistemas vulnerables.
En Quintana Roo, diariamente se desperdician más de 78 millones de litros de agua por fugas y deterioro en la infraestructura de la paraestatal.
En Holbox, fallas operativas y electricidad intermitente agravan la crisis hídrica; además, hay investigaciones sobre presunta corrupción y supuestos desvíos por más de 22 millones de pesos.
Este cúmulo de deficiencias revela una problemática estructural: falta de inversión, déficit técnico, ineficiencia operativa y poca transparencia. La población y el medio ambiente pagan la factura.
A diferencia de CAPA, la empresa privada encargada de brindar el servicio en cuatro municipios de Quintana Roo, ha realizado inversiones destacables. Por ejemplo, destinó 49 millones de pesos para ampliar el acueducto que abastece a casi un millón de habitantes en Cancún. Este tipo de movilización de capital privado puede resultar más ágil y focalizada, particularmente cuando hay certeza jurídica.
Un caso emblemático: Telmex, de pública a privada
Otro referente es la privatización de Telmex, que pasó a manos privadas en 1990 bajo la conducción de Carlos Slim. La operación implicó la adquisición del 20 por ciento de Telmex, suficiente para controlar la empresa, a través de un consorcio donde estaba Grupo Carso.
El estado complejo que recibió Slim incluyó infraestructura muy atrasada, mal servicio, largas esperas hasta de dos años para obtener una línea, y millones de solicitudes pendientes. Sin embargo, bajo su mando se impulsó un ambicioso plan de modernización en el que se digitalizó la planta telefónica, hubo una reducción de precios, además se extendió el servicio a comunidades rurales, entre otros aspectos.
Más allá de ideologías, los ejemplos de la concesionaria de agua potable en Quintana Roo y Telmex demuestran que la iniciativa privada, bien regulada, puede aportar eficiencia, inversión y tecnología en servicios públicos esenciales.
