Estampas desde el sureste. Barcos del Caribe, historia de corrupción e impunidad

Estampas desde el sureste

 

Barcos del Caribe, entre la corrupción y (hasta ahora) la impunidad

Abraham Gorostieta

 

Oriundo de las bellísimas playas de Cozumel, Félix González Canto, quiso la hermosa isla para él. No le fue posible, pero desde que fue gobernador de Quintana Roo ha ido armando una serie de propiedades a lo largo de casi doce años que bien podríamos pensar que el político va tejiendo una extensa manta con la que pretende acaparar todo lo que ésta cubra.

Con la paciencia que caracteriza a las abuelas, el tejido de Félix abarca incluso hasta los mares.

Fue durante el gobierno de Roberto Borge Ángulo que Barcos del Caribe echó andar su proyecto en sólo cuatro meses, entre el 15 de octubre de 2014 y el 17 de febrero de 2015 con la mínima inversión de 200 mil pesos. Debido a una serie de cuestionamientos por las relaciones de sus accionistas con el gobernador Borge, Barcos del Caribe aplazó su lanzamiento por más de dos años. No hay que ser muy listos para ver que de entrada los números no cuadran, las inversiones no cuadran y sí Pitágoras no miente, las cuentas no dan, pero sigamos.

En el acta constitutiva de Barcos del Caribe se lee que “la razón social de Barcos Caribe es Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

En este documento en manos del autor de esta columna se puede leer que “el Acta constitutiva, asentada con el número 73 de la Notaría Pública 69 de Chetumal, Quintana Roo, la empresa fue registrada el 22 de julio de 2012 por dos socios, Franco González Padrón y César Celso González Hermosillo y Melgarejo”.

De este documento se desprende que “cada uno de los socios ostentaba el 50 por ciento del capital social con que fue fundada la compañía, 200 mil pesos”.

El acta dice más, consigna que el objeto de la sociedad es “la realización de todas las actividades y celebrar los actos jurídicos que sean necesarios” para alcanzar sus fines, sin más límite que la legislación mexicana.

Y para que no haya dudas señalan “de manera enunciativa y no limitativa” que “el ejercicio de comercio en general y en particular el comercio marítimo, como naviera titular de empresas marítimas, entendiéndose como tales el conjunto de elementos materiales y humanos para la explotación de una o más embarcaciones en el tráfico marítimo de altura, de cabotaje y fluvial o como agente, comisionista y representante”.

Doscientos mil pesos para abrir una operadora de barcos marítimos, sin restricciones de la ley para comerciar y explotar todo negocio o embarcación. Esto está muy raro, y sin embargo, esos doscientos mil pesos fueron suficientes para aguantar dos años antes de la apertura oficial que se dio a finales de 2014.

Pero ¿Quiénes ese par de inversionistas de cerebro brillante y tan emprendedores, genios de los negocios? El primero, Franco González Padrón tiene dos familiares que han destacado en la política estatal.

Su hijo, Juan Carlos González Hernández, ex alcalde Cozumel (2008-11) y secretario de Turismo en el gobierno de Roberto Borge (2011-13). Su otro familiar destacado es nada menos que su sobrino, hijo de su hermano Lenin González Padrón, el ex gobernador de Quintana Roo (2005-11), Félix González Canto.

Franco González Padrón cuenta en su currículum el haber dirigido Marítima Isla Mujeres S.A. de C.V., operadora de transbordadores. Empresario exitoso, se desposó con la política  expriísta Gabriela Angulo Sauri, quien actualmente es diputada local por Cozumel postulada por el PAN y quien es considerada operadora política de Carlos Manuel Joaquín González, gobernador electo de Quintana Roo, también ex priísta y medio hermano de los Joaquín Coldwell.

La vida política de doña Gabriela Angulo nos dice que fue coordinadora del programa asistencial “Avanzando Juntos” en el ayuntamiento de Cozumel bajo la gestión de Aurelio Joaquín González, otro sobrino de Franco González Padrón. La diputada también fue directora del CRIT-Cozumel (Teletón).

Hasta aquí siguen sin cuadrar los números pero ya se van aclarando las sombras que hay en Barcos del Caribe.

César Celso González Hermosillo y Melgarejo es el otro accionista dueño de la naviera, un empresario que llego de la Ciudad de México pero que su pasado se encuentra en Jalisco. Durante la administración del gobierno de Félix González Canto, don César adquirió propiedades, varias por todo Quintana Roo por las que pagó poco más de 2 millones de pesos sólo en 2011, de acuerdo con el Informe de Enajenaciones de ese año y que cualquiera puede consultar en las páginas de la red pertinentes.

Aclarado quienes son los accionistas y socios de Barcos del Caribe, a seis meses que la empresa fue puesta en marcha y que inauguró el entonces gobernador Roberto Borge radiante su sonrisa, radiante la sonrisa de todos los concurrentes, en especial la de su padre, en junio de 2015, una “carta de accionistas” fue enviada al presidente Enrique Peña Nieto, con el propósito de negar la participación accionaria de Roberto Borge Martín −padre del gobernador Roberto Borge Angulo y hermano del ex gobernador Miguel Borge Martín (1987-93) −, fue suscrita por los socios de Barcos Caribe.

Además de González Padrón y de González-Hermosillo Melgarejo, suscribían la carta dos accionistas más: Álvaro Martín Martín  y Elías George Moussa Tanous.

La vida pública de Álvaro Martín Martín la podemos rastrear en Cozumel. Graduado como contador público, Álvaro fue tesorero del ayuntamiento de Cozumel (2008-2011) durante la gestión de Juan Carlos González Hernández, hijo de uno de los apoderados de Barcos del Caribe.

Elías George Moussa Tanous es un empresario hotelero de origen libanés, muy cercano a Roberto y Miguel Borge Martín, y a la familia Joaquín Coldwell. Es también dueño de Casa de empeño El Puerto, en Benito Juárez.

La carta enviada al presidente Peña Nieto “aclaraba” que Roberto Borge Martín no figuraba entre los socios capitalistas, pero la empresa aclaró después que era “solamente” un “asesor operativo” de la naviera. La aclaración de que la participación de Borge no era accionaria llegó tres años después de haberse constituido la empresa.

A éste “asesor”, don Roberto Borge Martín, se le conoce no sólo por ser hermano y padre de exgobernadores de Quintana Roo, sino por ser un “próspero empresario”, quien ha sido señalado de destruir manglares en Cozumel para remodelar su club de playa.

Décadas anteriores, en 1994, durante la administración del presidente Ernesto Zedillo, el papa de Roberto Borge fue procesado y acusado de evasión fiscal por 3.5 millones de pesos (de  ese entonces, viejos pesos). El presidente Ernesto Zedillo no quiso interceder ante el clamor de la familia, entre ellos Miguel Borge Martín, quien se desempeñó como gobernador en el salinato. La respuesta del Presidente fue: “nada ni nadie por encima de la Ley”. La decisión presidencial los desconcertó. Los Borge buscaban impunidad. No lo lograron y Borge Martín se quedó en la cárcel. Fue fichado y no le quedó más remedio que pagar.

Barcos del Caribe fue constituida como empresa en julio de 2012, sin embargo los dueños aplazaron el lanzamiento de la naviera durante casi dos años. Una de las posibles causas fue la ola de señalamientos sobre los probables intereses del gobernador Borge y/o su familia en la naviera.

En octubre de 2014, Barcos del Caribe emprendió realmente los trámites para poner en operaciones a la naviera. El 15 de octubre de 2014 obtuvieron su inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional (RPMN), con el folio 55-CT-14. El 21 de octubre registraron su marca: “Barcos del Caribe Mas CE”.

Hasta este punto, las cuentas siguen sin cuadrar pero eso sí, ya va quedando todo muy claro para el lector. Nos falta poner luz en unas cuantas sombras más. Veamos.

El 9 de diciembre de 2014, a unos días de haber sido inaugurado Barcos del Caribe, la naviera obtuvo del ayuntamiento de Solidaridad, donde era presidente municipal el priísta Mauricio Góngora Escalante, suspirante gubernamental, la concesión de “23.08 metros cuadrados, ubicado en la esquina 1ª Avenida Sur y Calle 1 Sur Bis, de la Ciudad de Playa del Carmen”, para la instalación de un módulo para punto de venta de boletaje, por un periodo de 15 años.

A pesar de que “el Reglamento para el Comercio en la Vía Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, vigente desde 2012, no contempla la figura de concesión”, faltaba más, el edil Góngora Escalante dio su autorización, lo que en los hechos lo convierte en cómplice de un delito.

Mientras se efectuaba ese trámite, y aparentemente confiados en que la resolución del Congreso local les sería favorable, los dueños de Barcos Caribe atendieron los últimos detalles para lanzar la naviera.

Al año siguiente, el 7 de febrero de 2015, la SCT otorgó los permisos para transporte de pasajeros a las embarcaciones con las que hasta entonces contaba la empresa, Caribe (matrícula 2304151221-1) y Caribe II (matrícula 2304151121-6), por 6 años, es decir, con vigencia hasta febrero de 2021, en la ruta Cozumel-Playa del Carmen, Playa del Carmen-Cozumel. (El tercero de sus buques, adquirido posteriormente, Caribe III (matrícula 23041571214) obtendría una autorización similar hasta el 6 de julio de 2016).

El 17 de febrero, el gobernador Roberto Borge Angulo y el coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Guillermo Ruiz de Teresa, pusieron en operación la naviera, con discursos de agradecimiento al presidente Enrique Peña Nieto. La familia Borge estuvo presente.

Y por si ustedes, queridos lectores se preguntan, ¿Y dónde están nuestros flamantes representantes del Congreso del estado de Quintana Roo? Aquí una breve historia: El 11 de marzo de 2015, las comisiones unidas de Asuntos Municipales, Turismo, y Asuntos Internacionales, emitieron una minuta de decreto que ratificó la concesión del uso de vía pública para el módulo de punto de venta de Barcos del Caribe, ampliando la vigencia a 50 años. Los legisladores argumentaron que fue el mismo cabildo el que modificó el periodo de la concesión al cabo de la sesión en que se autorizó.

Los legisladores justificaron que el periodo de 50 años de vigencia de la concesión para el módulo de Barcos del Caribe “tiene como objetivo amortizar la inversión financiera inicial que se realiza respecto a la instalación del módulo”.

Las comisiones unidad que ratificaron la concesión estaba formado ocho diputados, cuatro del PRI, dos del PVEM, una del PAN y otro de Movimiento Ciudadano.

Esta es otra Estampa del Caribe mexicano, donde la corrupción y hasta ahora la impunidad, prevalecen. Habrá que ver y esperar si la edil Cristina Torres Gómez mete orden y retira la concesión de 50 años a Barcos del Caribe y si somete a una revisión exhaustiva a la pasada administración de Mauricio Góngora. Al tiempo, como se dice.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor deja tu comentario
Por favor ingresa tu nombre aquí