Acabamos de vivir el ejercicio de una consulta ciudadana. Y sí, muchos podrán decir que es un ejercicio valioso para las sociedades democráticas. Nadie duda de ello, pero si no hay un fin concreto se puede volver simple y sencillamente en un ejercicio sin ningún valor legal y que acaba siendo un derroche. Y ante una crisis como la que se vive, no estamos para estos “lujos”.
Diversos actores como la actual aspirante a una diputación plurinominal Marybel Villegas, así como otros “activistas” y políticos llevan meses enarbolando la bandera de la consulta para retirar la concesión a la empresa que opera el agua potable y el alcantarillado en cuatro municipios de Quintana Roo.
A partir de esta propuesta podemos decir que han construido sus campañas para llegar al Senado, para buscar candidaturas o presidencias municipales. Porque es un tema que vende bien, que les da presencia en medios y que les ha ayudado a ganarse (en parte) el respaldo ciudadano.
Y hablan del tema porque a falta de verdaderas propuestas es lo único que tienen para ofrecer a los ciudadanos. No importa que mucho de lo que prometen esté basado en mentiras o datos falsos.
Además Marybel Villegas se quiere lavar las manos y ataca a la empresa concesionaria, pero siempre omite un pequeño detalle: ella siendo diputada local aprobó otorgarle la concesión a Aguakan en 2014.
Pero volvamos a la consulta del próximo 5 de junio, día en que Quintana Roo también votará para escoger al próximo gobernador o gobernadora y a su próximo Congreso Local. Y en Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos también se podrá votar en esta consulta.
EJERCICIO SINSENTIDO
De entrada el primer problema que presenta esta consulta es que no es vinculante, es decir, no tendrá ninguna validez legal. El resultado de la misma no garantiza absolutamente nada. Es decir, si la gente votara porque se finiquite la concesión, la ley no garantiza que el contrato se dé por concluido.
La pregunta que se va a responder es “¿Está usted de acuerdo que la empresa Aguakan continúe prestando el servicio concesionado de agua potable, alcantarillado y saneamiento?“.
Quienes han propuesto una y otra vez que se hiciera esta consulta lo hicieron asegurando que es vinculante, incluso así se menciona en la Ley de Participación Ciudadana.
Para que pueda ser vinculante debe participar al menos el 35 por ciento del padrón electoral. Y de este 35 por ciento la mitad más uno debe manifestarse a favor de un punto (que siga o no la empresa concesionaria).
Además la misma ley dice que se debe notificar a las autoridades legislativas, y a los ejecutivos estatal y municipales del resultado. E incluso contempla sanciones para quienes no cumplieran este mandato.
DIVERSOS OBSTÁCULOS
Sin embargo no es tan fácil que se concluya el contrato de esta concesión, porque de entrada le costaría miles de millones de pesos a Quintana Roo, que tendría que ocupar los recursos que deberían destinarse a rubros como salud o educación para pagar las compensaciones por romper de manera unilateral un contrato.
Y eso no es todo. Hay que destacar que incluso si se decidiera romper el contrato la empresa puede recurrir a tribunales internacionales. Lo que alargaría y haría aún más costoso el litigio para el estado.
Además, debido a que la consulta trataría un tema de orden fiscal, ya que Aguakan le paga a Quintana Roo por la concesión, la consulta ha generado dudas en algunos consejeros del Instituto Electoral de Quintana Roo, quienes incluso no estuvieron a favor de aprobarla.
Por ello, y aunque en teoría suena bonito el ejercicio donde se pide la opinión a los ciudadanos, y que hay quienes garantizan que sí tiene un fin, la realidad es que solamente se tratará de un derroche.
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El Ieqroo pidió presupuesto extra para poder llevar a cabo la consulta, pero este no fue autorizado por el Congreso del Estado. Se llegó a pensar que el ejercicio podría costar entre 21 y 30 millones de pesos, pero con los recortes el instituto considera que les podía costar unos 10 millones de pesos. De todos modos impugnaron la decisión del Congreso en busca de obtener más recursos.
Ante ello, el panorama ante esta consulta por el retiro de la concesión a la empresa que brinda servicio de agua potable y alcantarillado tiene todo en contra; pese a que la gente vote por romper el contrato, podría ser que esto no se logre. ¿Y entonces para qué se lleva a cabo? ¿A quién beneficia una consulta que no sería vinculante? ¿A los políticos que la promovieron? Porque a la ciudadanía, no.
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