Termina la era del saqueo en el Congreso de Quintana Roo

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La Pluma del Pueblo

Pues resulta que hemos iniciado el año con noticias que apuntan a clarificar las acciones que asume la XVI Legislatura, cuando menos, en el tema del manejo de recursos que, en teoría, sí les corresponde administrar, aunque aún quedan dudas sobre el manejo de recursos para los diputados locales.

Desde luego, nos referimos a la partida que, durante las últimas quince, fueron discrecionales, al extremo de que, durante la última gestión destacaron los más de 100 millones de pesos (existe quien afirma que en realidad fueron 300); destinados a gestión social.

La responsabilidad de transparentar, dar seguimiento puntual y asegurarse que la aplicación se haga en aras de un beneficio social auténtico le corresponde al secretario general del Congreso, Arturo Castro Duarte, quien ha explicado recientemente de qué forma se garantizará que lo ocurrido durante la XV Legislatura no vuelva a ocurrir.

En principio, se trata de exigir un historial de causales, es decir, un trámite que permita asegurarse de que, quien solicitó el apoyo, es en verdad un ciudadano con problemas para subsistir, o que solicita ante una eventual emergencia.

Pero además, se requiere, obligatoriamente de dar seguimiento puntual al proceso completo, es decir, desde la petición, hasta la entrega y ulterior uso de los recursos en las condiciones para las cuales fue solicitado.

Destaca de todo esto, una auténtica voluntad de transparentar los recursos que son públicos, con lo que se combate frontalmente la corrupción, pero además, aunque es parte de lo mismo, se combate también el corporativismo partidario, que fue el señalamiento más grave que se hizo a la anterior legislatura.

Hay que recordar que las denuncias penales que existen por el multimillonario desfalco durante el anterior ejercicio, tiene relación directa con el hecho de que esos recursos, según las pruebas que presentó el Observatorio Legislativo, fueron a parar a manos de destacados militantes de Acción Nacional (PAN).

Y he allí una de los principales reclamos de la ciudadanía hacia el ejercicio político; de ninguna manera podemos simular el “avance democrático” y el divorcio con las viejas prácticas priistas, cuando en los hechos se realizan actos tan deleznables como ese de pagar votos con recursos de la propia Cámara de Diputados local.

Está delineado entonces el reto para los integrantes de la XVI Legislatura, y será todo un reto garantizar que los 30 mil pesos mensuales que se entregan a cada diputado para gestión social no tengan la finalidad corporativista. Destaca que la vigilancia recaiga en manos de un político de la talla de Arturo Castro Duarte, quien tendrá que hacer acopio de sus mejores cualidades para pescar en “la maroma”, a los muchos diputados que aún gestionan al mejor viejo estilo corrupto y partidista. Al tiempo.

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