Constitución a conveniencia

Por Manuel Jesús Ávila

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su Artículo 35, fracción I, que son derechos del ciudadano votar en las elecciones populares. En tanto que el Artículo 36, fracción III puntualiza que son obligaciones del ciudadano de la República votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley. El Artículo 38 en su fracción I, por su parte señala que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley. La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos del ciudadano. Pero también el Artículo 109 señala que: La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal; y, se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo señala, pero es letra muerta.

En países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay, el voto es obligatorio con sanción en caso de incumplimiento. En Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Panamá, el sufragio se efectúa como deber sin sanción por su no ejercicio.

El buen juez por su casa empieza. Todos queremos un mejor México, pero implementar la obligatoriedad del voto a raja tabla y aplicar una multa al ciudadano que no lo ejerza –como proponen el PES y PRD- raya en el cinismo. Y hacer énfasis en que la Constitución Mexicana señala que votar es una obligación lo es más. Es verdad que en países europeos existe una ejemplar participación ciudadana a la hora del sufragio, pero no viven bajo el yugo de sus gobernantes y mucho menos pende sobre su humanidad amenaza de multa o prisión. En México, imponer lo que a su conveniencia se les ocurra es normal de los partidos políticos y sus representantes. Ya el pueblo está cansado de tanta injusticia, de tanto derroche, de tanta corrupción, de tanta propuesta ominosa, de tanta inmundicia, como para recibir una más.

El voto no sólo es libre y secreto, también es por convicción. Es un deber moral, de civilidad. Pero hacer valer ese derecho no garantiza un final feliz. Tras cada elección siempre existe un dejo de insatisfacción, de decepción; siempre quedan residuos que huelen a corrupción y es ahí donde la pasión se marchita y donde el abstencionismo tiene su origen.

Antes concebir reformas y propuestas impositivas, deberían escuchar el verdadero sentir de la gente, del pueblo, para entender el porqué de su negativa. Más que una amenaza el ciudadano necesita motivación, no quiere palabras, quiere hechos, quiere ver obras cumplidas y no promesas, además de un buen trabajo de sus representantes populares y gobernantes.

En 2016 en Quintana Roo, el 54.04% de los electores ejercieron su derecho a votar y con ello se disipó el fantasma del abstencionismo. Resultados oficiales señalan que la participación ciudadana promedio en la elección para gobernador alcanzó 54.04%, superando la elección del 2010 con 44.35%, pero apenas por debajo de la del 2005 que fue de 56.27%.

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El pueblo ha demostrado que cuando se lo propone es capaz de hacer valer su derecho y bajar de la nube a cualquier partido crecido; ha demostrado que puede castigar la incapacidad y la falta de honestidad. El pueblo sabe cómo, cuándo y dónde, no es necesario infundirle temor. Mucho menos subestimarlo, a menos que quieran sentir su fuerza y voto de castigo en las urnas.