Con este asunto absolutamente mediático de las concesiones de Aguakan y esta obsesión de repartir culpas por el tema que sea, el asunto que está quedando en el fondo y bien oculto, es el quebranto financiero y operativo de la para estatal Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
Es un tema de ‘lugar común’ para los habitantes del sur del estado, especialmente de la capital del estado, Chetumal, donde el quebranto financiero y operativo de la paraestatal está generando graves problemas ¡en la calidad de vida de los chetumaleños!
Este punto resulta fundamental, me explico. El objetivo de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se refieren justo a ello, a la calidad de vida de los mexicanos. Y en ellos, listados en los primeros artículos, se refiere justo a ello, a la calidad de vida; así tenemos, el derecho a vivir en un medio ambiente sano; el derecho a la educación, al trabajo, a estar informados, a ser libres.
En este planteamiento fundamental, desde luego se encuentra el derecho a tener acceso a agua potable, de buena calidad y de forma constante.
Esto es lo que ya no garantiza la paraestatal, en aquéllos municipios en los que aun opera la CAPA, la calidad del agua no es apta para el consumo, pero sobre todo, la infraestructura con que se hace la distribución del vital líquido, resulta que es muy viejo, inoperante, una chatarra.
Esto ocurre, debido a que, en las anteriores administraciones dejaron en el abandono el mantenimiento y no se hicieron las renovaciones imprescindibles de estos equipos, lo que ha generado la irregularidad de la distribución.
Pero esto no es todo; el servicio que la paraestatal está obligada a prestar, incluye la captación y tratamiento de las aguas residuales que resultan de su uso para su ulterior depósito en los cuerpos de agua; es decir, estas obligaciones, suponen que, en aras de garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado, se debe garantizar también que el agua que se deposita en los cuerpos naturales de agua, debe haber pasado, no sólo por una infraestructura de captación de agua residual, sino que se tiene que tratar; ¿sabe usted hasta donde llega este aparente tratamiento?; a nada, la infraestructura de tratamiento es también una que es inoperativa y anacrónica, se trata hoy de un tratamiento primario que no garantiza que los metales pesados, contaminantes peligrosos, detergentes, grasas y demás contaminantes lleguen a nuestros cuerpos de agua.
Mientras sigamos en el alegato mediático que supone un tema tan fundamental como la distribución de agua potable y la canalización y tratamiento de las aguas residuales, continuaremos siendo inútiles espectadores de la catástrofe que supone cumplir con la obligación de garantizar para los habitantes de Quintana Roo un derecho humano o fundamental, el agua.
Lo incómodo es que este tema de dimes y diretes va para muy largo; unos y otros seguirán con esta inútil discusión hasta que nos acerquemos al proceso electoral del 2022, ese el objetivo de esta absurda discusión y para los ‘políticos’, no importa si la futilidad de sus prácticas mediáticas suponen que la distribución de agua potable colapse, pues contrario a esta obsesión por el poder, este es un asunto real que nos condena y que, irremediablemente, un día nos habrá de alcanzar.
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