Mientras en algunos estados crece la preocupación por la disponibilidad del agua, un caso surgido en Ecatepec, Edomex llegó a la Suprema Corte y expone hasta dónde puede normalizarse la escasez cuando se pone en juego un derecho humano básico.
La crisis del agua dejó de ser un problema local para convertirse en un tema de alcance nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la atracción del caso sobre el suministro de agua en Ecatepec, Estado de México, bajo el expediente Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 869/2025, un proceso impulsado desde su origen por la defensa legal encabezada por la diputada Miriam Silva Mata.
Lo que inició como una acción para proteger a familias de un municipio con severas carencias hídricas escaló hasta el Máximo Tribunal del país, colocando en el centro del debate la pregunta: ¿Se puede limitar el acceso al agua a solo 50 litros diarios por persona, aun cuando los usuarios pagan su recibo, bajo el argumento de la escasez?
Ese límite, conocido administrativamente como “mínimo vital”, es la realidad cotidiana para miles de habitantes de Ecatepec, Edomex. En la práctica, significa vivir con alrededor de 50 litros de agua al día, el equivalente a unas tres cubetas grandes para cubrir durante 24 horas necesidades básicas como beber, cocinar, el aseo personal y la limpieza del hogar.
La autoridad municipal ha sostenido que esta restricción responde a una “imposibilidad material” derivada de la falta de agua. Sin embargo, la postura que ha defendido la diputada Miriam Silva —y que ahora analizarán las ministras y ministros de la Corte— plantea que la escasez técnica no puede convertirse en un permiso automático para vulnerar la dignidad humana ni el derecho constitucional al agua.
La decisión de la SCJN no solo implica revisar el fondo del conflicto. Como medida inmediata, ordenó a los Tribunales Colegiados del Estado de México suspender cualquier resolución relacionada con estos casos. En consecuencia, ningún tribunal local podrá emitir sentencias definitivas ni cerrar procesos a favor del organismo operador del agua mientras la Suprema Corte no emita un fallo. Es, en los hechos, un “freno de mano” judicial para evitar resoluciones que puedan profundizar la afectación a los ciudadanos.
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La relevancia del expediente quedó clara cuando la solicitud de atracción fue asumida directamente por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y el ministro Irving Espinosa Betanzo, quienes hicieron suya la petición originalmente impulsada por la diputada Silva. Con ello, la Corte reconoció que lo que ocurre en Ecatepec, Edomex es un caso suficientemente grave y complejo como para sentar un precedente aplicable en todo el país.
Este caso en el Edomex funciona como una advertencia evidente. La resolución que emita la Suprema Corte definirá no solo el futuro del suministro en un municipio del centro del país, sino también los límites de actuación de las autoridades frente a la escasez.
