Un caso que ha conmocionado a Arkansas, Estados Unidos, involucra a cuatro profesores, entre ellos Mary Tracy Morrison, directora y propietaria de The Delta Institute for the Developing Brain. Morrison, de 50 años, junto a los docentes Michael Bean, Kristin Bell y Kathrine Lipscomb, enfrenta cargos de permitir abuso infantil tras la filtración de un impactante video grabado en el centro educativo en el que se ve una especie de club de pelea de menores.
Según información de los medios estadounidenses, el video muestra a un maestro instruyendo a un alumno para que golpeara a otro en sus partes íntimas. La fiscal Sonia Hagood, quien lidera el caso, señaló que Morrison actuó como “cabecilla” del incidente, organizando lo que describió como un “club de pelea improvisado de menores“. Debido a la gravedad de las acusaciones, Hagood solicitó una fianza de 250 mil dólares para Morrison, monto que fue aprobado por el juez del condado de Craighead, David Boling.
Imponen multas a los profesores que tenían un club de peleas de menores en colegio de Estados Unidos
La investigación reveló también que Kathrine Lipscomb, de 45 años, docente y reportera obligatoria bajo las leyes estatales, presenció los hechos sin intervenir. La fiscal calificó esta inacción como una conducta “indignante” y pidió que se fijara una fianza de 100 mil dólares, la cual fue concedida.
Por otro lado, Michael Bean, de 38 años, y Kristin Bell, de 36, padres de alumnos del mismo instituto, recibieron fianzas más bajas, de 10 mil dólares cada uno. Además, el juez Boling ordenó la prohibición de contacto entre los acusados, los estudiantes y el personal del instituto para evitar cualquier posible presión o manipulación.
Los acusados se entregaron al enterarse de las órdenes de arresto
La defensa de los profesores, liderada por los abogados Paul Stanley y Bill Stanley, argumentó que las pruebas no demostraban daño físico severo a las víctimas. Sin embargo, la fiscal Hagood replicó que un golpe en el área privada no puede ser minimizado y representa una agresión seria que no debería ser cuestionada.
El video del incidente sigue siendo la pieza central de la investigación. Para proteger la identidad de los menores involucrados y asegurar el bienestar de los testigos, la fiscalía solicitó que los documentos del caso permanezcan sellados por un periodo inicial de 90 días. En caso de no lograrlo, pidió que la información más sensible sea editada antes de su publicación.
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Todos los acusados se entregaron voluntariamente tras conocer las órdenes de arresto emitidas el 21 de abril y fueron liberados bajo fianza horas después de su detención. Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 22 de mayo, fecha en la que se esperan nuevos avances en el proceso.
La gravedad de los hechos ha generado una oleada de indignación pública. Las denuncias de complicidad y la falta de acción por parte de los docentes han alimentado el debate sobre la responsabilidad de los educadores y la protección de los menores en las instituciones educativas.
Con información de Infobae
