La Corte Suprema de Estados Unidos ha desestimado un intento de México de responsabilizar legalmente a los fabricantes de armas estadounidenses por la violencia que los cárteles de droga mexicanos han perpetrado con armas adquiridas en EEUU.
Según el reciente fallo unánime del tribunal emitido el 5 de junio de 2025, los fabricantes de armas están protegidos por una legislación federal que impide ciertas demandas en su contra.
“No se puede iniciar una acción contra un fabricante si, como en el caso de México, se basa en el uso delictivo del producto de la empresa por parte de un tercero”, escribió la jueza Elena Kagan.
Inicialmente, un juez federal había fallado a favor de los fabricantes, sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston reavivó el caso el año pasado bajo argumentos de que el escudo de responsabilidad no se extendía a las reclamaciones específicas de México.
Este caso inició en 2021, año en el que el gobierno de México presento una demanda masiva contra empresas de armas como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock.
Únicamente existe una tienda donde se pueden comprar armas de fuego de manera legal en México, sin embargo, miles de ellas entran como contrabando de los cárteles de las drogas al año. El gobierno del país asegura que, por lo menos, el 70% de ellas provienen de Estados Unidos.
En la demanda, se alegaba que las empresas fabricantes tenían conocimiento de que eran vendidas a traficantes, quienes se encargaban de introducirlas a México de contrabando, y se aprovechaban de este mercado.
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Estas empresas rechazaron las acusaciones y argumentaron que la demanda no mostraba la responsabilidad de que pocas personas utilizaran sus productos para cometer actos de violencia.
Los abogados de México buscaban una cantidad no especificada de daños monetarios que se estimaba en alrededor de 10 mil millones de dólares. Además de una orden judicial que requiriera que las compañías de armas cambiaran sus prácticas.
Inicialmente, la demanda había sido desestimada bajo una ley de 2005 que protege a estas empresas de la mayoría de demandas civiles. Tras ser revivido por el Tribunal de Apelaciones, se determinó que caía bajo una excepción a la ley de protecciones.
Dicha excepción también se ha utilizado en otros casos famosos de demandas colectivas que fueron fruto de tiroteos masivos.
En 2012, las familias de las víctimas del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook señalaron que se aplicaba a su demanda porque el fabricante violó la ley estatal en la comercialización del rifle AR-15 que se utilizó durante la masacre que acabó con un saldo de 20 niños y seis educadores.
Consiguieron un acuerdo histórico de 73 millones de dólares con Remington, el fabricante.
Un aproximado de entre 200 mil y 500 mil armas de fuego estadounidenses son traficadas a México al año. Casi la mitad de las que son recuperadas en escenas de crímenes en México se confeccionan en Estados Unidos, según datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
Con información de AP.
