Con una votación de tres a uno, la Junta de Supervisores del condado de San Diego aprobó una norma que no permite el uso de los recursos del gobierno condal para la aplicación de las leyes federales de inmigración, lo que lo convierte en un área santuario.

La medida de San Diego, California, que comparte 41 kilómetros de frontera con Tijuana, Baja California, México, llega en respuesta a la promesa del presidente electo, Donald Trump, de realizar deportaciones masivas.

Tijuana es la ciudad mexicana más cercana a la frontera entre San Diego y México. El cruce fronterizo de esa ciudad cuenta con dos puntos fronterizos: San Ysidro ─considerada la frontera más visitada del mundo─ y Otay Mesa.

La norma, presentada por la presidenta de la junta, Nora Vargas, prohíbe específicamente que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) utilice las instalaciones, el personal y los fondos del condado, incluidas las cárceles.

Vargas basó su propuesta en el marco del Acta de Valores de California, que limita cómo la policía y las oficinas del estado pueden colaborar con el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias federales de inmigración.

También pone fin a la práctica del Departamento del Alguacil de San Diego de notificar y transferir a indocumentados bajo su custodia al ICE sin una orden judicial.

Los críticos de la medida argumentan que podría obstaculizar la labor del ICE para deportar a criminales. Sin embargo, los defensores de inmigrantes han advertido que la medida mejorará la seguridad de la comunidad al crear confianza en la policía.

“Al garantizar que nuestros recursos no se utilicen para detener y deportar a los habitantes de San Diego, la junta está enviando un mensaje contundente.

“Aquí en San Diego, los inmigrantes son valorados y bienvenidos en nuestra región”, dijo en un comunicado Ian Seruelo, presidente del Consorcio de Derechos de los Inmigrantes de San Diego (SDIRC).

Con la aprobación de la medida, el condado se suma a otros ocho condados de California que han aprobado o adoptado políticas internas similares que protegen a los inmigrantes y aumentan las protecciones establecidas por el Acta de Valores de California.

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Trump y su equipo de asesores han criticado las ciudades, condados y estados que han firmado normas a favor de los indocumentados y ha prometido que “castigará” a esos santuarios de inmigrantes.

La “ley santuario”, aprobada en 2017, fue la pieza central de un paquete de proyectos de ley firmado por el gobernador Jerry Brown, que ofrece protección a unas 2.3 millones de personas que viven en California de forma indocumentada.