En lo que podría ser una escalada significativa de la presión de Estados Unidos hacia México, la administración de Donald Trump ha comenzado a imponer restricciones de viaje y otras sanciones a prominentes políticos mexicanos que, según cree, podrían tener vínculos con el narcotráfico.
Hasta ahora, dos figuras políticas mexicanas han reconocido que se les ha prohibido viajar a Estados Unidos: Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, y su esposo Carlos Torres. Pero los funcionarios estadounidenses dijeron que esperan que más mexicanos sean blanco de estas medidas, ya que la administración está trabajando en una lista de varias docenas de figuras políticas que han sido identificadas por las agencias de inteligencia con supuestos vínculos con el tráfico de drogas.
La lista incluye a líderes de Morena, el partido gobernante de la presidenta Claudia Sheinbaum, varios gobernadores y figuras políticas cercanas a su predecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijeron los funcionarios estadounidenses de manera anónima.
Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno había pedido a los funcionarios de Estados Unidos que explicaran por qué se le retiró su visa a la gobernadora, pero se les indicó que tales asuntos son privados y no se dio más información.
LISTA DE MÁS DE 35 POLÍTICOS MEXICANOS
Algunos periodistas informaron que los funcionarios de inmigración de Estados Unidos también retiraron la visa de otro gobernador, Américo Villarreal de Tamaulipas, una afirmación que el equipo del mandatario descartó como “no confirmada”. El morenist ha sido acusado con frecuencia de tener vínculos con el tráfico de drogas, lo cual ha negado.
Sin embargo, el mes pasado, al alcalde de la segunda ciudad más grande de ese estado, Matamoros, se le impidió cruzar la frontera hacia Brownsville, Texas, pero él también insistió en que no se le había retirado formalmente su visa.
Asimismo, funcionarios estadounidenses dijeron que las acciones relacionadas con las visas probablemente irán acompañadas en algunos casos por sanciones del Departamento del Tesoro que impiden a las personas hacer negocios con empresas estadounidenses y congelan los activos financieros que tienen en Estados Unidos.
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El estudio de la corrupción relacionada con las drogas en México fue iniciada por un pequeño equipo de la Casa Blanca que solicitó información de las agencias de aplicación de la ley y la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sobre figuras políticas, gubernamentales y militares mexicanas con vínculos criminales.
Un funcionario familiarizado con la lista, dijo que se superpone con un archivo de unos 35 funcionarios mexicanos que fue compilado por los investigadores de la Administración de Control de Drogas en 2019, después de que López Obrador comenzara a cerrar la cooperación de México con Estados Unidos en los programas antidrogas.
Ese esfuerzo anterior buscaba identificar a figuras del gobierno mexicano que pudieran ser procesadas penalmente por ayudar a los traficantes de drogas. Llevó a la acusación en Estados Unidos en 2019 de Genaro García Luna, y su condena por cargos de drogas tres años después en un tribunal federal de Nueva York.
Habrá que esperar los pasos a seguir de esta medida que podría significar un claro enfrentamiento entre ambos países, además de que se parte de suposiciones y no hay pruebas en la mayoría de estos casos.
Con información de Propublica.
