Chuck DeVore, exasambleísta de California que forma parte de un think tank conservador basado en Texas, es la más reciente voz que pide gravar las remesas que salen de Estados Unidos, y que mensualmente alcanzan los cinco mil dólares enviados sólo a México.
“Un impuesto de 50 por ciento a las transferencias al extranjero generarían más de 23 mil millones de dólares, una pequeña fracción de los 151 mil utilizados en servicios sociales que benefician a los inmigrantes ilegales”, aseguró DeVore a Fox News.
Miguel C. (pide no revelar su apellido) está por enviar lo que llama “el aguinaldo”, la última transferencia que hará en el año a México para su hermana y sus sobrinos. “Los gastos se juntan en esta época, pero espero que esto les ayude porque todo está muy caro por allá”.
Este empleado de la construcción, de 31 años y originario de Huajuapan de León (Oaxaca), vive en Estados Unidos desde hace nueve años, y envía dinero mensualmente. Ahora enviará 600 dólares (12 mil 142 pesos) a sus familiares.
Ese dinero es parte de los cinco mil millones de dólares en remesas que cada mes auxilian a 11.1 millones de personas en México. Miguel lo hizo desde una pequeña tienda de productos oaxaqueños en el sur de Los Ángeles; por el envío le cobraron 15 dólares (303.50 pesos)
Esa operación, tan inocua como cotidiana en sitios como California, enfrenta una nueva amenaza: a las deportaciones masivas y los aranceles, los seguidores de Donald Trump proponen ahora un nuevo tributo que afectará especialmente a las comunidades migrantes.
Los simpatizantes de Trump sugieren a la nueva administración nuevos impuestos a las transferencias enviadas al extranjero. La propuesta no es nueva. El presidente electo barajó la posibilidad durante su primer gobierno.
En ese sentido, la idea ha recobrado popularidad entre legisladores republicanos como medida de seguridad fronteriza, pero los expertos ponen en duda su eficacia.
La iniciativa
DeVore asegura que el gobierno invierte cerca de nueve mil dólares por cada indocumentado en educación, salud y seguridad pública, por lo que el impuesto a las remesas sería una forma de recuperar parte de ese dinero público.
“Todo ese gasto proviene de los impuestos de estadunidenses y es otra forma de ayuda al extranjero”, opina DeVore, quien pide a los senadores republicanos adoptar la iniciativa en enero, cuando iniciará la discusión de un paquete de defensa y seguridad fronteriza.
Ya existe en el Congreso una iniciativa para fijar una comisión a las remesas, el autor es James David Vance, el hombre que en enero se convertirá en vicepresidente de Estados Unidos.
El exsenador por Ohio presentó la propuesta en diciembre de 2023. La ley pretende un impuesto de 10 por ciento a toda transferencia al extranjero para “penalizar las actividades ilegales, como el tráfico de drogas y personas”.
El dinero que se obtenga de esa recaudación será transferido a un fideicomiso que se utilizará para reforzar el control de la frontera, una de las obsesiones de la nueva administración.
La propuesta de Vance incluye multas de hasta 500 mil dólares (10 millones 110 mil 315 pesos) e incluso penas de prisión para los que busquen burlar el sistema y envíen dinero por otras vías.
El futuro vicepresidente también pretende castigar a los países que eviten las comisiones condicionando visas y negando ayuda económica a esas naciones.
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Cada año se realizan 150 millones de transacciones, con un promedio de 400 dólares. Desde California y Texas se originan 58 por ciento de transferencias a otros países, que las realizan 26.7 millones de migrantes de segunda y tercera generación.
Del total, 10.6 millones de personas son nacidas en México y la mitad no tiene documentos. Esa población envió 63 mil millones de dólares a México durante 2023, una cifra que representa 3.7 por ciento del PIB del país norteamericano.
