Autoridades del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en coordinación con instancias federales y estatales, demolieron una barda construida de forma ilegal en la zona federal marítimo terrestre del pueblo mágico de Sayulita. La estructura impedía el acceso libre a la playa, lo que generó inconformidad entre residentes y turistas.
El muro, que había sido presentado como un supuesto mirador, fue considerado una obstrucción directa al derecho ciudadano de libre tránsito en espacios públicos, especialmente en las playas, que por ley son bienes nacionales de uso común.
La acción fue encabezada por el presidente municipal Héctor Santana, quien aseguró que su gobierno no permitirá privilegios para unos cuantos a costa del interés colectivo.
“Ni muros ni cercas nos van a quitar lo que es del pueblo. El mar no tiene dueño”, declaró en el lugar de los hechos.
La demolición fue aplaudida por decenas de personas que acudieron al sitio y que durante semanas habían denunciado la ocupación ilegal. Para muchos habitantes, la decisión representa una respuesta concreta a una demanda social cada vez más fuerte: recuperar el acceso a las playas públicas.
Cabe señalar que, el muro ya había sido clausurado previamente por autoridades ambientales, al no contar con los permisos correspondientes para su construcción en zona federal. A pesar de ello, la estructura seguía en pie hasta que se ejecutó su derribo con maquinaria pesada.
Playas de México son bienes nacionales
En México, las playas son consideradas bienes nacionales, y ninguna persona o empresa puede restringir su acceso, salvo en los casos estrictamente establecidos por reglamento. Así lo estipula la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), reformada en 2020 para evitar la privatización de estos espacios.
Dicha ley establece que cualquier intento por condicionar, obstaculizar o limitar el paso a las playas es ilegal y puede ser sancionado con multas que van desde los 260 mil hasta más de un millón de pesos. En caso de reincidencia, se puede revocar el permiso o concesión al infractor.
Las reformas también obligan a los dueños de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre a permitir el libre paso, aun si no existen caminos públicos, asegurando así el acceso al mar a toda persona.
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“Vamos a seguir trabajando de la mano con los tres niveles de gobierno para defender nuestras costas. Las playas son del pueblo y así van a seguir siendo”, afirmó Santana.
El caso de Sayulita se suma a otros episodios similares ocurridos en distintas partes del país, donde ciudadanos han denunciado construcciones privadas que buscan apropiarse de zonas públicas.
Con información de El Imparcial.
