México.- Terrible realidad hay para los defensores del medio ambiente en México, pues tan solo en 2020 fueron asesinados 18 de estos guardianes, año negro para el país.

En conferencia de prensa, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), dio a conocer los datos más relevantes del Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2020.

El CEMDA contabilizó 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos conrta los defensores ambientales y de este número la agresión más recurrente fue el homicidio, con 18 personas defensoras ambientales asesinadas.

En las agresiones por entidad federativa, se registró un aumento de los ataques en Chiapas, Campeche, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz.

Lo anterior responde a que al igual que las administraciones anteriores, el actual gobierno federal no ha logrado disminuir las cifras de agresiones e incluso, el número de éstas se elevó en comparación con el año anterior.

Por tanto, CEMDA hizo “un enérgico llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a traducir en hechos la legislación, los tratados y compromisos nacionales e internacionales de respeto y protección al medio ambiente y a los derechos humanos. El actual gobierno federal tiene la oportunidad histórica de sentar las bases para un México donde la defensa de nuestro patrimonio natural, la tierra y el territorio se realicen con plena garantía y respeto a los derechos humanos”.

Mas detalles

El organismo informó que del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018, se identificaron 460 casos de agresiones a personas defensoras de los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Destaca que el 2019 fue el año con la cifra más baja de los últimos seis, con 39 agresiones registradas, sin embargo, de ese número, casi un tercio fueron homicidios.

En cuanto al tipo de víctima, los ataques perpetrados se realizaron tanto hacia personas en lo individual, contra dos o más personas, contra comunidades, así como contra organizaciones de la sociedad civil que ejercen la defensa ambiental, de la tierra o el territorio. Referente a los ataques en contra de personas en lo individual, 19 fueron contra hombres (15 de ellos asesinatos) y 11 contra mujeres (3 asesinatos). Por otro lado, se registraron 16 ataques (24.6%) contra comunidades y 12 ataques (18.5%) contra organizaciones de la sociedad civil (OSC).

Respecto de los sectores generadores de las agresiones, los dos principales son el forestal y el de vías de comunicación con 24.6% del total, cada uno. En el primer caso, la mayoría se relaciona con tala clandestina. En el rubro de obras relacionadas con vías de comunicación, se registraron 8 ataques vinculados con el proyecto del Tren Maya; 3 relacionadas con el proyecto de la carretera en San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México; 3 con el caso de la construcción del Puente Vehicular Xochimilco, en Ciudad de México y 3 más con construcciones de carreteras en diferentes estados. En menor porcentaje, se cometieron agresiones en el sector de la minería, la industria eléctrica y el turismo, entre otros.

A lo anterior hay que agregar que la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 ocasionó que el Estado mexicano suspendiera todos los procedimientos administrativos en materia ambiental, así como los plazos para tramitar juicios calificados como no esenciales. En cambio, no fueron suspendidas actividades económicas extractivas, como la minería y los megaproyectos, ni tampoco las obras de construcción de infraestructura ferroviaria, aeropuertos y refinerías petroleras. Ello ha obstaculizado gravemente el acceso a la información, la participación en asuntos públicos y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

La indiferencia e inacción del Estado mexicano se refleja en que el El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no cuenta actualmente con los recursos económicos y materiales suficientes para llevar a cabo su labor, pues ha sufrido constantes recortes presupuestales y de personal. A esto hay que agregar la eliminación, por parte del Congreso de la Unión en 2020, del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Ambos eran de vital importancia para las personas defensoras ambientales beneficiarias de medidas de protección.