Legisladores del Estado de México están analizando la propuesta que busca castigar a quien altere el ciclo hidrológico en la entidad, las penas serían de tres a nueve años de prisión.
El objetivo es proteger a las nubes y las lluvias, así como no alterar el ciclo ecológico en el Estado de México, ya que podría poner en riesgo las cosechas de los agricultores.
Cabe recordar que, esta es la segunda iniciativa presentada al respecto durante la actual legislatura. La semana pasada el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo el planteamiento de evitar el bombardeo de las nubes; mientras, Movimiento Ciudadano anunció que presentará un tercer planteamiento en los próximos días.
Por su parte, el partido Verde Ecologista de México (PVEM) lanzó, durante la legislatura anterior, una propuesta similar, argumentando que el bombardeo de nubes estaba afectando la productividad en terrenos de la zona norte de la entidad; sin embargo, no prosperó.
Ahora, fue el diputado Carlos Alberto López Imm, quien volvió a poner el tema en el pleno de la Legislatura, pidiendo reformar el Código Penal, la Ley Orgánica de la Administración Pública y el Código para Biodiversidad del Estado de México, con el fin de proteger las nubes y el ciclo hidrológico del estado.
Además de la pena de cárcel, el texto que se presentó en el pleno legislativo del Edomex, advierte a quien interrumpa el ciclo hidrológico, será sancionado con 150 a 200 días de multa, en caso de que se utilicen medios tecnológicos o cualquier otro mecanismo.
Medio Ambiente vigilará el equilibrio ecológico.
Sería la Secretaría de Medio Ambiente quien se encargaría de supervisar que no se perjudique el equilibrio ecológico, y junto con la Secretaría del Agua, se sancionaría a quienes lo hicieran.
La secretaría del Agua, también se encargaría de vigilar que en el espacio aéreo las pequeñas aeronaves no tripuladas y tripuladas no interrumpan el ciclo de lluvias y vuelen a 12 mil 500 pies de altura alrededor de zonas de recarga de acuíferos, áreas protegidas de reserva natural, ecosistemas y humedales; a excepción de vehículos aéreos como los comerciales, de emergencia, oficiales y de seguridad pública.
Carlos Alberto López indicó que es necesario atender este tema, pues no solo se afecta a la economía de las personas que cultivan, y que invierten entre 15 y 50 mil pesos por hectárea, sino que pierden el trabajo de todo un año y pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población a nivel nacional.
El ecologista, aseguró que los cañones antigranizo son dispositivos que generan ondas sonoras a través de explosiones de gas que se envían hacia las nubes, alterando el proceso de formación de granizo, los cuales rompen los cristales de hielo para que caiga agua.
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El pasado 22 de octubre, el grupo parlamentario del PRI presentó una propuesta de reforma al Código para la Biodiversidad, el Código Penal y la Ley Orgánica de la Administración Pública.
La iniciativa busca que los delitos contra el medio ambiente sean perseguidos de oficio y se imponga una pena de dos a ocho años de prisión a quienes liberen sustancias contaminantes en la atmósfera, afectando la salud pública, la flora, la fauna y el entorno natural. Esto incluye acciones como el uso de sistemas antigranizo u otras prácticas que alteren el ciclo de lluvias. La propuesta está actualmente en análisis en las comisiones legislativas.
