La celebración de la histórica edición número 75 de Miss Universo, programada para noviembre de 2026, enfrenta un riesgo inminente de cancelación en su sede anfitriona.
El gobierno de Puerto Rico ha decidido congelar los recursos destinados al certamen tras la explosión de una crisis de credibilidad que sacude los cimientos de la organización.
Las autoridades de la isla exigen transparencia absoluta y una rendición de cuentas inmediata; de lo contrario, renunciarán formalmente a organizar el evento, dejando el trono de la sede vacante.
Esta decisión administrativa no solo pone en pausa la planificación logística, sino que también envía un mensaje contundente a la comunidad internacional: la ética pública prevalece sobre el glamour de la corona.
La administración boricua se niega a arriesgar su capital político y financiero en un proyecto que hoy navega entre sombras legales y escándalos directivos.
Freno total al financiamiento público para el Miss Universo
La Compañía de Turismo de Puerto Rico detuvo el flujo de efectivo hacia la organización del concurso de manera tajante. El gobierno, que originalmente aprobó una inversión pública de nueve millones de dólares para asegurar la gala en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, suspendió ahora un pago crucial de casi dos millones de dólares.
Los funcionarios exigen que la Miss Universe Organization (MUO) presente informes detallados sobre su estructura ejecutiva y sus mecanismos de auditoría interna antes de liberar un solo centavo más.
Esta medida de presión responde a la creciente preocupación por la falta de claridad en la gestión de los recursos. El gobierno de la isla actúa con cautela para proteger el erario, asegurando que cada dólar invertido se maneje bajo los más estrictos estándares de integridad.
Sin una estructura de mando transparente, Puerto Rico prefiere retirar su apoyo y cancelar los preparativos de Miss Universo en suelo caribeño.
Escándalos legales sacuden la corona
El endurecimiento de la postura puertorriqueña coincide con una serie de problemas judiciales que rodean a los líderes del certamen. Una orden de arresto internacional por cargos de fraude pesa actualmente sobre la copropietaria Anne Jakrajutatip, un hecho que ha mermado la confianza de los patrocinadores.
A esto se suma el arresto de Raúl Rocha Cantú, otro alto ejecutivo del concurso, por presuntos vínculos con el crimen organizado, lo que termina por dinamitar la reputación de la marca Miss Universo.
Estos graves señalamientos obligan a las autoridades de la isla a marcar una distancia prudente. El gobierno de Puerto Rico entiende que asociar el nombre del país con figuras bajo investigación criminal podría dañar la imagen turística de la región.
Por ello, la permanencia de la sede depende de que la organización se someta a una auditoría externa profunda y aclare la situación jurídica de sus mandos.
La pérdida de la sede representaría un golpe económico considerable, pues se estimaba que el Miss Universo generaría decenas de millones de dólares en turismo y promoción global. No obstante, las autoridades de la isla priorizan la transparencia sobre el beneficio financiero inmediato.
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La nación ha lanzado un ultimátum definitivo: o la organización responde con hechos a las demandas de honestidad, o Puerto Rico se retira de la competencia por la sede.
Hasta el momento, la Miss Universe Organization guarda un silencio hermético ante las exigencias de San Juan.
Con información de: NMAS.mx y Telemundo
