Una investigación del diario The Boston Globe puso en evidencia que la primera serie de detenciones atribuidas a la DEA en territorio estadounidense fue, en realidad, una exageración.
La agencia federal había informado en agosto pasado que, en apenas una semana, había arrestado a 171 presuntos integrantes de alto rango del Cártel de Sinaloa en pequeños pueblos de New Hampshire, Estados Unidos.
Sin embargo, el trabajo periodístico reveló que la mayoría de los detenidos eran consumidores de drogas y distribuidores al menudeo, quienes ya fueron liberados.
“Los detenidos eran en realidad delincuentes de bajo nivel, con escasa o nula vinculación con el Cártel de Sinaloa”, afirmó Steven Porter, coordinador de la investigación del equipo Spotlight, al detallar los hallazgos que contrastan con la versión oficial de la DEA.
El director de operaciones de campo de la DEA en Massachusetts, Jarod Forget, había declarado previamente que su objetivo no eran los narcotraficantes minoristas, sino las organizaciones criminales de gran escala.
“Somos la DEA. No vamos a perseguir a los narcotraficantes minoristas de bajo nivel. Vamos tras las organizaciones narcotraficantes, las redes de distribución a gran escala”, presumió Jarod Forget, al dar a conocer los arrestos en una treintena de redadas.
Sin embargo, según Steven Porter, el operativo de una semana refleja “una desconexión entre lo que dicen los funcionarios federales sobre las operaciones en el terreno y lo que realmente sucede”.
Los reporteros hablaron con policías municipales que acompañaron a los agentes de la DEA y quienes aseguraron que desde el primer día consideraron ridículo identificar a los detenidos como miembros de alto rango del cártel.
El equipo del Boston Globe intentó obtener comentarios del director regional de operaciones de campo de la DEA, pero la agencia respondió que no era posible debido al cierre del gobierno.
En el contexto más amplio, la DEA asegura que, desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump, ha detenido dentro de Estados Unidos a 617 presuntos miembros de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, una cifra que contrasta con administraciones anteriores, en las que la agencia no reportó detenciones de este tipo.
El caso evidencia un patrón preocupante sobre la comunicación oficial y la realidad de las operaciones antidrogas en Estados Unidos, planteando dudas sobre la verdadera efectividad de los operativos federales y sobre cómo se clasifican los arrestos ante los medios.
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Mientras la DEA mantiene su narrativa de combate a las grandes organizaciones criminales, la investigación periodística sugiere que la realidad en el terreno podría ser muy diferente, y que muchos arrestos involucraron únicamente a delincuentes de bajo nivel, lejos de las redes criminales de alto perfil anunciadas.
Este episodio plantea interrogantes sobre la transparencia de las agencias federales y la manera en que se informa a la opinión pública sobre la lucha contra los cárteles de droga, mostrando que la distancia entre la narrativa oficial y los hechos reales puede ser considerable.
Fuente: Excelsior
