Aunque el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pidió la remoción de Uriel Carmona, Fiscal General, por no contar con los exámenes de control y confianza, la bancada de Morena, rechazó la promoción de su destitución.
De acuerdo con Blanco Bravo, este nombramiento no cumplen con lo dispuesto en la constitución mexicana y la ley general del sistema nacional y estatal de seguridad pública.
Sin embargo, sus argumentos, no son motivo para remover al fiscal, por lo que son inconstitucionales, informó la Fiscalía General de Morelos, a través de un comunicado, y añadió que en el caso del Fiscal Anticorrupción, el ejecutivo estatal “carece de competencia, luego de que también solicitara la remoción de Juan Salazar Núñez.
La institución también citó el artículo 79-B de la Constitución de Morelos, el cual, dijo, establece que el fiscal general solo podrá ser removido mediante la solicitud del gobernador, “fundada en causa grave que establezca la Ley”, las cuales son cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia.
Por lo tanto, la Coordinadora de Morena en el Congreso, Kelia Figueroa, así como los diputados locales Alejandra Flores, Javier García, Ariadna Barrera y Marco Zapotitla, indicaron que la falta no es grave y que puede realizar los exámenes sin ningún inconveniente.
Fue a principios de diciembre, cuando Cuauhtémoc Blanco, solicitó al Congreso de Morelos iniciar el trámite de destitución del Fiscal General, pero fue rechazada, al mismo tiempo que el Fiscal Uriel Carmona, solicitara un amparo para no perder su cargo.
Al parecer, esta denuncia del gobernador, fue un pretexto para colocar un Fiscal a modo para que sea su cómplice, pero no sabía que la propia Fiscalía es autónoma y tiene sus propios periodos de designación.
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Cabe destacar que la petición del gobernador de Morelos, surgió luego de que el diputado del Partido del Trabajo José Casas González, señalara que los fiscales no contaban los exámenes de control y confianza para ocupar el cargo, a lo que la Fiscalía le respondió que además de ser falsas las acusaciones, se incurre en una ilegalidad, tras divulgar información clasificada, que se puede sancionar de 2 a 8 años de prisión.
