Cancún.– Integrantes de la “Red Quintanarroense Feminista” protagonizaron una manifestación hoy afuera de la representación del Congreso del Estado en esta ciudad, para expresar su rechazo a la reforma de ley propuesta por el diputado panista Eduardo Martínez Arcila de introducir un “Pin parental”, por el que los padres podrán evaluar y autorizar los contenidos educativos en materia de sexualidad y “moralidad”.
El grupo de mujeres leyó un pronunciamiento, en donde indican que esta iniciativa de ley es inconstitucional, pues así lo han aclarado diversas instituciones de gobierno y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que significa que en caso de aprobarse sería vetada. A pesar de ello, quieren dejar claro que están al pendiente de estos intentos por vulnerar los derechos reproductivos de los niños y jóvenes.
Las activistas incluso le advirtieron al diputado Martínez Arcila que debe pensar bien en las futuras iniciativas que desee ingresar, pues ellas vigilarán que no se contravenga el actual marco de derechos humanos.
Gracia Morales, Autora Otero, Paola Alcázar y Natalia Tavizón detallaron que en varios estados se intenta pasar en congresos este “Pin parental”, por el cual se obliga a los centros educativos a informar a padres de los contenidos en “moralidad, sexualidad y valores”, para recabar su autorización explícita, para que solo así puedan participar los menores en estas actividades.
De acuerdo a las activistas, al imponer este requisito, se impide a los menores a acceder a una educación completa en materia de salud y derechos reproductivos, lo que los deja más vulnerables ante abusos y embarazos precoces, además de coartar a las escuelas como espacios seguros para abordar cualquier tema y ser contrario a las metas de la Agenda 2030, en donde México se comprometió a garantizar acceso a los servicios de salud reproductiva.
Principalmente, contraviene el interés superior de la niñez, al anteponer las convicciones de sus padres, lo que es una violación a sus derechos humanos y a la progresividad que está garantizada en la Constitución y en tratados internacionales.
Por eso, ya distintas instituciones gubernamentales se han pronunciado en contra suya, como la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno; el Instituto Nacional de Mujeres; la Secretaría de Salud; el Consejo Nacional de Población; el Congreso de la Unión, que ya emitió un punto de acuerdo en contra de estas legislaciones; y la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ya se inconformó en contra de una iniciativa similar en Chihuahua y que posiblemente se acumule con la de otros estados, como Jalisco y Quintana Roo.
Estos criterios jurídicos fueron hechos públicos desde el pasado 5 de julio, pese a ello y a que Quintana Roo tienen los niveles más altos de violencia sexual, tráfico de personas y embarazos precoces, el diputado Eduardo Martínez Arcila ingresó esta iniciativa de ley, la que fue turnada a su comisión, la de Educación.
Las activistas lamentaron que no se incluyera a las comisiones de Derechos Humanos o de Equidad de Género, comentando que ya están en diálogo con el diputado Édgar Gasca, presidente de la Comisión de Salud, y con Marco Antonio Toh, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, que también se oponen a esta legislación.
“Buscamos el diálogo con los diputados y estamos abiertas a hablar con quienes quieran”, aclararon. “Esto va para atrás, pues es inconstitucional”.
