Fueron 2 mil millones de pesos los que el fiscal general de la República entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los cuales fueron recuperados por un presunto acto de corrupción. Y estos recursos serán administrados por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y se ocuparán para pagar los premios en efectivo de la rifa por el “avión presidencial”. Sin embargo se ha ido revelando de dónde proviene este dinero devuelto al gobierno mexicano.
Todo comienza en el sexenio de Enrique Peña Nieto y tiene que ver con el Infonavit, dependencia que fue dirigida por dos personas durante esa administración: Alejandro Murat (hoy gobernador de Oaxaca) y David Penchyna.
Pues bien, esa instancia del gobierno firmó un contrato de exclusividad con una empresa de nombre Telra Realty, el cual era por 5 mil millones de pesos. Era para que operara un programa de Movilidad Hipotecaria, conocido como Cambiabit, que permite a los derechohabientes poder cambiar de viviendaaún sin haber terminado de pagar su hipoiteca si así lo veían necesario.
De acuerdo con los tiempos habría sido Murat quien pactó el contrato y Penchyna quien lo firmó y posteriormente canceló. El mismo gobernador de Oaxaca ha salido a decir que él ya no tuvo nada que ver con este contrato y la cancelación, hecho por el cual el mismo Infonavit fue demandado por la empresa afectada. Aunque sí es cierto que él firmó el acuerdo original y en ese momento él encargó todo a su sucesor.
Para evitar esta demanda contra Infonavit, Penchyna habría pagado 5 mil millones de pesos a la empresa.
De estos 5 mil, serían parte los 2 mil que los dueños de la empresa habrían devuelto al gobierno federal y que son los que dio el fiscal al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
Tras todo este lío judicial que implicaría a ex funcionarios del anterior gabinete y a los empresarios André y Max El-Mann Arazi y Rafael y Teófilo Zaga Tawil, ya la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que dirige Santiago Nieto Castillo está rastreando los recursos.
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Ante este enredo hay dos grandes preguntas que deben responderse. ¿Dónde están y quién tiene los 3 mil 88 millones restantes de los 5 mil 88 millones en total que Penchyna le dio a los empresarios para evitar la demanda contra Infonavit y por qué uno de los socios implicados salió a decir que él nunca tuvo que ver en estos acuerdos y contratos que hoy son de dominio público? Al parecer esta investigación está lejos de terminar. Habrá que ver qué dicen las conclusiones de la UIF del SAT y la FGR.
