En un nuevo intento por reducir el número de deportaciones forzadas, el gobierno de Estados Unidos lanzó una controvertida iniciativa que ofrece mil dólares y la cancelación de multas migratorias a personas indocumentadas que decidan abandonar el país voluntariamente utilizando la aplicación CBP One.
La medida fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que detalló que está dirigida a migrantes que ya cuentan con órdenes de deportación o procesos migratorios en curso. El objetivo, señalaron, es aligerar la carga económica y operativa de las expulsiones forzadas.
En los últimos meses, las autoridades migratorias han intensificado operativos en estados como Texas, Florida y California. Tan solo en mayo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportó más de cinco mil arrestos durante inspecciones en lugares de trabajo y comunidades con alta presencia migrante.
La iniciativa, que algunos han llamado de manera informal el “Bono Trump”, busca reducir los costos que implica una deportación, que pueden superar los 12 mil dólares por persona, según cifras del mismo DHS. Además, el gobierno ha enfrentado críticas por las condiciones en los centros de detención y los efectos negativos de las redadas en menores de edad y familias enteras.
El programa ofrece tres beneficios principales: perdón total de multas por incumplimiento de órdenes migratorias, un pago de mil dólares al confirmar la salida del país, y cobertura del transporte para el retorno a su nación de origen. Sin embargo, existen condiciones para acceder a esta alternativa.
Entre los requisitos se encuentra contar con una orden de deportación vigente o una salida voluntaria pendiente. También se exige no tener antecedentes por delitos graves, como narcotráfico o violencia doméstica. La persona debe registrarse de manera anticipada, sin haber sido detenida aún por ICE, ya que el programa no aplica si hay un proceso coercitivo en curso.
Desde organizaciones defensoras de los derechos migrantes, como RAICES, la propuesta ha sido vista como una forma menos traumática de gestionar el retorno. “Ofrece la posibilidad de planificar una salida digna y sin la separación forzada de familias”, señaló una representante de la organización.
Sin embargo, otras voces críticas, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), adviertieron que se trata de una medida temporal que no resuelve el problema de fondo. “Esto es un paliativo frente a una crisis sistémica. La solución sigue siendo una reforma migratoria integral”, expresó un portavoz.
Además, algunos migrantes temen que aceptar este beneficio les cierre las puertas a futuras oportunidades para regularizar su situación o solicitar visas. El estatus migratorio posterior podría verse afectado por la forma en que abandonan el país, incluso si es de manera voluntaria.
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En caso de rechazar la oferta, los riesgos no son menores, pues el ICE ha incrementado su presencia en ciudades consideradas santuarios, y las multas por ignorar órdenes de deportación pueden llegar a acumular decenas de miles de dólares. Además, quienes desobedecen estas órdenes pueden enfrentar una prohibición de hasta 10 años para volver a ingresar legalmente a Estados Unidos.
Con información de El Imparcial.
