Cozumel.– Soló el 80% de los nuevos funcionarios de la actual administración han cumplido con presentar su declaración patrimonial que establece la ley para Funcionarios Públicos, así lo dio a conocer Jessica Miss Payan, Contralora Municipal.
Miss Payan, destacó que el otro 20% de los incumplidos de un total de 200 funcionarios es porque nunca habían realizado una declaración patrimonial o no cuentan con cuenta de correo electrónico, por lo que se les brindará el apoyo y si aun así no lo hicieran serían acreedores a una sanción.
La funcionaria dijo que los que no han cumplido deberán de presentar una justificación, o de lo contrario se iniciará un procedimiento administrativo de responsabilidad por el incumplimiento a la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos, por lo que podrían ser acreedores a una sanción administrativa o económica, dependiendo de la falta.
Señaló que este requisito se hace obligatorio para los más de mil 300 servidores públicos del Ayuntamiento hasta el mes de abril; sin embargo, debido al cambio de administración se está actualizando la información y por ello es que se está pidiendo que los nuevos funcionarios cumplan con este requisito lo más pronto posible.
En lo que respecta al proceso de entrega-recepción de la pasada administración y el que sean llamados algunos ex funcionarios para justificar faltantes o cuestiones que no están claras, dijo que ya se cumplió con la primera etapa, que es la junta de aclaraciones, destacando que la mayoría de los ex funcionarios de la pasada administración cumplieron en tiempo y forma, aunque hubo quienes no lo hicieron.
Posteriormente, sigue un procedimiento establecido en la ley, que es el de investigación, donde el funcionario entrante o cualquier órgano de fiscalización ya sea, municipal, estatal o federal, haga un requerimiento y denuncia legal para iniciar un procedimiento judicial por alguna situación que no se haya aclarado o faltante que se no se haya solventado.
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Sin embargo, dijo que el proceso de investigación no concluye cuando se trata de recursos que no están claros en qué se utilizaron, por lo que, se podría establecer una denuncia legal en contra de algún ex funcionario en el momento en que se detecte a lo largo de la administración actual.
