CIUDAD DE MÉXICO.- A efecto de prevenir a la población sobre posibles fraudes en la contratación de servicios turísticos por Internet, a través de un dictamen, la Comisión Permanente, exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Turismo para que realicen campañas de difusión en la materia.

El documento precisa que es necesario crear una cultura de prevención para que los usuarios de compras por internet, especialmente relacionados a servicios turísticos no sean víctimas de la delincuencia y se vean afectados en su patrimonio.

Refirió que según la estadística de reportes, las ventas fraudulentas se dispararon en más de 125 por ciento de 2014 a 2015.

Según datos de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), el 75 por ciento de los internautas en México realizaron una compra en línea. En 2015, el monto de las compras con tarjetas de crédito y débito en el comercio electrónico alcanzaron los 52 mil millones de pesos.

El documento subraya que la delincuencia ha aprovechado esa modalidad de compra y venta para colocar en la red páginas espejo, imitando páginas de proveedores oficiales, envían correos con supuestas promociones con el objeto de engañar al internauta obteniendo su información personal y bancaria, o se venden productos falsos.

Se advierte que la denuncia en estos casos, así como la reparación del daño son complicadas porque la Procuraduría Federal del Consumidor no puede hacer frente a empresas o personas que no existen, por lo que la única vía disponible es la penal, “con las implicaciones y molestias que ello genere”.

Es por ello, que la facilidad que existe ahora para acceder y comprar en los diversos portales de comercio electrónico también implica para los interesados conocer cuáles son las políticas de compra de estos sitos, los mecanismos de pago y qué medidas de seguridad tienen.

Es fundamental difundir la educación y la transparencia financiera para que los usuarios tomen decisiones informadas sobre los beneficios, costos y riesgos de los productos y servicios ofertados en el sistema financiero mexicano, concluye.