CANCÚN, 9 de septiembre de 2024.- La reforma judicial a punto de ser aprobada será riesgosa para la estabilidad jurídica, económica y social del país porque no está orientada a la calidad ni a la independencia, considera la iniciativa privada de Quintana Roo.

En las últimas semanas, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, colegios de abogados, asociaciones académicas, de personas juzgadoras y movimientos estudiantiles han tratado de hacer visibles los riesgos de la reforma al Poder Judicial.

“Enfatizamos la necesidad de una reforma integral al sistema de justicia para mejorar el acceso pronto y expedito, sin distinciones (…) especialmente para quienes han visto vulnerados sus derechos o han sido excluidos”, detalla una carta firmada por 32 organismos.

“Uno de los principales riesgos es la elección directa por voto popular de jueces, magistrados y ministros debido a la politización en la administración de justicia, comprometiendo la independencia e imparcialidad del Poder Judicial”.

Se propone fortalecer la carrera judicial enfocada en el mérito y la formación continua, así como implementar evaluaciones periódicas y colaborar con organismos internacionales para asegurar estándares de independencia judicial elevados y libres de presiones externas.

“Nos preocupa que la iniciativa no atienda las problemáticas de los poderes judiciales estatales, ya que es en el fuero común donde se resuelve la mayoría de juicios en México, por lo que garantizar la formación continua para los jueces es esencial para un acceso equitativo y eficiente a la justicia en todo el país”, sostiene la IP. 

Organismos como Coparmex, IMEF, CCE, Consejo Hotelero, entre muchos otros, precisan que “no puede haber una correcta impartición de justicia sin una adecuada investigación, por lo que es urgente apoyar a las fiscalías, que dependen del Ejecutivo estatal y federal”.

“También se pide desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que actualmente se encarga de la formación y disciplina dentro del Poder Judicial, y su reemplazo por un Tribunal de Disciplina Judicial con autoridad superior incluso a la Corte (SCJN).

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“Los miembros del tribunal serían elegidos por voto popular, lo que politizaría el proceso y comprometería la imparcialidad, por lo que se propone un proceso meritocrático y transparente de selección, para evitar la influencia política en la administración de justicia”, se acotó.