Cancún, Quintana Roo.– De acuerdo con el exdelegado de la Fiscalía General de la República en Quintana Roo, Javier Ocampo García, el presunto líder de la mafia rumana en México, Florian Tudor, tuvo la protección de funcionarios estatales de Quintana Roo.
Según Ocampo García quien encabezó en 2019 una investigación sobre las presuntas operaciones ilícitas de la mafia rumana, en coordinación con otras instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, el área de inteligencia de la Policía Federal que actualmente es la Guardia Nacional y con organismos estadounidenses como es el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés) y la DEA (Administración de Control de Drogas).
El exfuncionario señaló que hay suficientes elementos para decir que funcionarios estatales protegieron al rumano y su grupo delictivo e inclusive podría declarar ante una institución de investigación formal.
Lo anterior lo reveló en una entrevista con El Sol de México, Javier Ocampo García y señaló que esta mafia tiene presencia en otros estados e incluso algunas fiscalías ya tienen información sobre su modus operandi.
Señaló que dada la complejidad de la investigación es que el FBI tiene mucha información sobre el tema e igualmente la DEA. También ha sido clave la Marina que en 2018 compartió valiosa información a los encargados de seguridad de Quintana Roo, como lo es la presencia de gente armada de origen ruso que más tarde se supo, eran rumanos.
Luego fue que la Sedena comenzó una investigación sobre el grupo de Tudor y en marzo de 2019, la Policía Militar y la Policía Municipal de Puerto Morelos, arrestó a Florian Tudor y a su socio Cosmin Adrian Nicolae; hallándose además con ellos cerca de 500 mil pesos en efectivo y dos armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En ese operativo se decomisó un vehículo propiedad de una agencia de San Pedro Garza García, Nuevo León, con placas de Quintana Roo, de la marca Cadillac.
Por ese operativo y por portación de armas se vincularon a proceso penal ambos rumanos, como consta en la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000261/2019.
Cabe decir que en ese entonces Tudor alegó que iría a Leona Vicario, pues ahí poseía 1,400 hectáreas de propiedad donde estaba en construcción un complejo y según se excusó, llevaría la nómina a cerca de 80 albañiles que laboraban; declaró que sus socios de ese desarrollo habitacional eran libaneses, rumanos y otros más de Moldavia.
Con infomración de El Sol de México
