Tras el asesinato del juez Vicente Antonio Bermúdez, ocurrido en Metepec, Estado de México, la Secretaría de Seguridad Pública y el Poder Judicial de Guanajuato acordaron dar protección a los impartidores de justicia de esa entidad, principalmente los que atienden procesos delicados y pudieran estar relacionados con la delincuencia organizada.
De acuerdo con el convenio, se creará un grupo de trabajo integrado por funcionarios de primer nivel de ambas dependencias que serán los encargados de analizar los casos que, por su naturaleza, requieran prioridad.
El grupo examinará todas las situaciones derivadas de la función de los juzgadores y lo que resulte será tratado con la confidencialidad necesaria para preservar la seguridad de éstos.
Las medidas fueron propuestas por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, el Magistrado Miguel Valadez Reyes, a fin de garantizar una debida impartición de justicia y la seguridad de los jueces en aquellos casos en que se ameriten.
Valadez argumentó que, además de que la mayoría de los delitos de índole penal están relacionados con delincuencia organizada, los jueces están en tesitura de riesgo por las sentencias que emiten.
La protección podría consistir en protección policiaca en los casos que lo ameriten, y el uso de vehículos blindados, sobre todo cuando los jueces deban trasladarse a audiencias en horarios no convenientes.
El Juez Vicente Antonio Bermúdez, egresado de la Universidad de Guanajuato, atendía diversos casos relacionados con capos de la droga.
Fue asesinado el 17 de octubre mientras corría por la mañana en Metepec donde tenía su domicilio. El video de su ejecución fue viralizado lo que causó indignación entre el gremio.
Archivo
Agencias
