La extradición de 29 generadores de violencia acia los Estados Unidos fue “un acto de autoridad que no tiene antecedentes”, presumió hoy Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien aseveró que la decisión fue tomada por el gabinete de seguridad, y agregó que “la presidenta de la República”, Claudia Sheinbaum Pardo, no tuvo “nada que ver” en ella.
Durante una conferencia de prensa dedicada al operativo llevado a cabo ayer, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, recalcó que el gobierno recibió una solicitud del gobierno de Estados Unidos en la cual enlistó, “con nombres y apellidos”, a los delincuentes que requería para presentarlos ante sus cortes de justicia.
“Hubo una solicitud concreta por escrito. Creo que no habían pasado horas desde que llegó cuando se convocó al Consejo de Seguridad Nacional, que está conformado por varios funcionarios. Se hizo el análisis en esa reunión. Se vieron las bases jurídicas, si estaban cumplidas, y se procedió. Fue un asunto inmediato”, aseveró el titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Es una decisión del gabinete de seguridad. Es una decisión colegiada que se tomó en ese momento, en que no tiene nada que ver la señora presidenta de la república”, subrayó por su parte García Harfuch, y señaló que existía el riesgo de que varios de los “objetivos de seguridad” consiguieran su libertad –incluyendo a José Ángel Canobbio, “El Güerito”–, o que en su defecto continuaran atrasando sus procesos de extradición.
Al preguntar si la entrega de los narcotraficantes anulará la imposición de aranceles que el presidente estadounidense Donald Trump anunció para el próximo 4 de marzo, Gertz Manero reviró que “el cumplimiento de México es evidente; no hay manera de justificar ninguna sanción a una conducta que no solamente no es sancionable, sino que es encomiable”.
El fiscal confirmó que la operación no derivó de procedimientos de extradición; de hecho, al menos seis de ellos tenían amparos que los protegían de ser extraditados a Estados Unidos. Sostuvo que la operación se basó en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que define las amenazas a la seguridad nacional, y el artículo 89 de la Constitución, dedicada a las “facultades y obligaciones” de la Presidencia.
“No se está aplicando ninguna ley de extradición: esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales de estas personas en ese país”, insistió Gertz Manero, quien descartó que los connacionales pudieran enfrentar condenas de muerte, pues dijo que “cuando se sujeta una operación a una convención internacional como fue en este caso, se tiene que respetar los términos de esta convención”.
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Omar García Harfuch detalló que el “traslado” de los 29 delincuentes movilizó a 3 mil 512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves, mediante una coordinación entre las instancias de seguridad civiles y militares.
Con información de Proceso.
