Presuntos desvíos por hasta 230 millones de pesos habría detectado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los ejercicios de 2019 y 2020 del Gobierno de México. Estas operaciones presuntamente fraudulentas se habrían llevado a cabo con 26 empresas fantasma.
Estos presuntos desvíos se suman al escándalo por los contratos por 324 millones 371 mil pesos con la red de empresas de Uri Emmanuel Ansbacher, el empresario israelí que vendió el software espía Pegasus al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Serían movimientos por hasta 230 millones 578 mil pesos, los que se llevaron a cabo en conjunto con 26 empresas de papel.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detalló graves irregularidades en el proceso, entre ellas la dispersión de más de 200 millones de pesos en 26 empresas que no reportaron ningún empleado ni movimientos relacionados con sueldos y salarios entre 2019 y 2020; además, 10 de esas compañías no reportaron movimiento ante el Servicio de Administración Tributaria el año pasado.
Se revisaron las sociedades en el Registro de la Propiedad y el Comercio y se encontró que sus presuntos “socios” son personas de muy bajo perfil y vecinos de barrios modestos; por si fuera poco se acudió a los domicilios de 17 empresas en la Ciudad de México y Puebla y se constató que son oficinas virtuales, despachos de “coworking”, edificios abandonados o viviendas de personas que desconocen las empresas con contratos con el gobierno que supuestamente operan en estos sitios.
Los socios falsos y las direcciones virtuales son características habituales de las empresas fantasma, las cuales se usan para lavar dinero, evadir impuestos o desviar recursos públicos. Por poner otro ejemplo, es un esquema similar al de las triangulaciones multimillonarias operadas durante el sexenio de Peña Nieto, conocido como la Estafa Maestra.
En el centro de estas contrataciones amañadas del gobierno de López Obrador figura Francisco Garduño Yáñez, titular del INM, así como uno de sus más altos colaboradores en activo. En el primer año y medio del sexenio, Garduño fungió como titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), la dependencia que controla las cárceles federales.
Incluso de de los mil 930 millones de pesos que las empresas de Ansbacher recibieron el sexenio pasado y fueron revelados por Rosa Icela Rodríguez, siete contratos por mil 611 millones de pesos y 43 millones 470 mil dólares fueron adjudicados de manera directa por el OADPRS entre 2012 y 2018.
Cabe resaltar que los contratos fueron requeridos y firmados por Antonio Molina Díaz, quien fungía como coordinador general de Centros Penitenciarios Federales desde 2011 –durante la gestión de Genaro García Luna en la entonces Secretaría de Seguridad Pública–, y que estuvo nueve años al frente de los reclusorios estatales de Durango.
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Además, tras la llegada de López Obrador a la Presidencia y la de Garduño al OADPRS, Molina permaneció en su cargo.
Habrá que ver qué respuesta da el gobierno federal respecto a estos presuntos desvíos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Con información de Proceso.
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