Autoridades de Edomex notificaron la vinculación a proceso de una mujer por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas en el municipio de Tultitlán.
Las autoridades investigan a la imputada, identificada como Yanin Zayuri “N”, bajo la modalidad de trabajos forzados en perjuicio de dos menores de edad.
Este caso pone de relieve la vigilancia que mantienen las instituciones sobre la protección infantil en diversos sectores del Edomex.
El Ministerio Público sostiene que la detenida obligaba a las víctimas a comercializar golosinas en la vía pública de la colonia Sierra de Guadalupe desde inicios de 2025.
Las investigaciones detallan que los infantes cumplían jornadas laborales de martes a sábado, bajo un horario estrictamente establecido y con la obligación de entregar una cuota económica específica. Esta explotación sistemática privaba a los menores de sus derechos fundamentales al desarrollo y la educación.
Combate frontal a la explotación infantil en el Edomex
La Fiscalía sostiene que esta dinámica de explotación privaba a las víctimas de su derecho a un entorno seguro y libre de violencia.
La indagatoria revela que la mujer empleaba la violencia física y verbal como método de control para asegurar las ganancias. Si los pequeños regresaban al domicilio antes de la hora permitida o con un monto inferior al exigido, la sospechosa presuntamente los agredía de forma sistemática.
Estas conductas abusivas permitieron que el Ministerio Público tipificara el caso bajo agravantes severos, dada la vulnerabilidad extrema de los afectados en este sector del Edomex.
La intervención del Sistema DIF municipal resultó crucial, ya que su denuncia formal permitió a los agentes recolectar los indicios necesarios para solicitar la captura de la implicada.
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Tras obtener la orden judicial, la policía de investigación desplegó un operativo que culminó con la aprehensión de la mujer y el rescate inmediato de los niños. Actualmente, especialistas brindan asistencia integral a los menores para resarcir el daño emocional y físico causado por la explotación.
Tras la detención, las autoridades trasladaron a la acusada al Centro Penitenciario de Tlalnepantla, donde un juez analizó las pruebas presentadas en la audiencia inicial.
El juzgador determinó que el vínculo de parentesco entre la imputada y las víctimas aumenta la gravedad de los hechos, dictando así la permanencia de la mujer en prisión durante el desarrollo del juicio.
El Poder Judicial autorizó un periodo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía aportará pruebas adicionales para buscar una sentencia condenatoria.
Con información de: Aristegui Noticias
