El reciente hallazgo de 60 cadáveres abandonados en un crematorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, puso en evidencia la saturación de servicios funerarios y la urgente necesidad de fortalecer la regulación de estos establecimientos.
La denuncia de vecinos por olores fétidos alertó a las autoridades, quienes descubrieron cuerpos almacenados sin condiciones sanitarias adecuadas, tanto en habitaciones como en una carroza funeraria.
Este caso trajo a la luz la limitada infraestructura de crematorios en la frontera. Actualmente, solo ocho crematorios operan con permisos vigentes, frente a 66 funerarias que en muchos casos dependen de terceros para realizar este servicio.
Entre enero y junio de este año se han autorizado más de 2 mil 160 cremaciones por muerte natural, lo que refleja una demanda que, según funcionarios de la Cofepris estatal, ha rebasado la capacidad de respuesta.
Crematorio en el que fueron encontrados 60 cadáveres abandonados contaba con la documentación legal
Luis Carlos Tarín, comisionado estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, aclaró que el establecimiento contaba con la documentación requerida, desmintiendo que se tratara de un crematorio clandestino. Sin embargo, admitió que la acumulación fue producto de la saturación de trabajo y de un horno con capacidad limitada para procesar tantos cuerpos en corto tiempo.
El inmueble quedó asegurado y clausurado temporalmente mientras se realiza una inspección a fondo. Las autoridades investigan posibles infracciones administrativas y deficiencias en el manejo de los restos humanos, aunque hasta ahora se ha descartado la comisión de delitos penales, ya que todos los cuerpos estaban identificados y embalsamados.
El fiscal de la zona norte, Carlos Manuel Salas, explicó que las funerarias que subcontrataron los servicios no enfrentarán sanciones, pues confiaron en que el crematorio operaría conforme a los lineamientos. Para las familias, el hallazgo generó preocupación sobre el respeto y la dignidad de sus seres queridos. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar procesos dignos y evitar la revictimización.
Este suceso se enmarca en una crisis forense más amplia que enfrenta México, donde la falta de recursos humanos y técnicos para el manejo de cuerpos sin identificar y la saturación de servicios mortuorios es una constante. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el país acumula más de 127 mil casos sin resolver.
Para dimensionar la problemática, tan solo en mayo pasado la Fiscalía de Chihuahua realizó la inhumación de 43 cadáveres no reclamados que permanecieron más de dos años bajo resguardo del Servicio Médico Forense en Ciudad Juárez. Fueron sepultados en fosas individuales numeradas para permitir su eventual identificación.
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Organizaciones civiles y expertos en derecho forense advierten que, sin inversión en infraestructura, personal capacitado y controles más estrictos, situaciones como la de Granjas Polo Gamboa podrían repetirse.
Mientras tanto, la población exige respuestas y garantías de que la dignidad de sus familiares fallecidos no se vea vulnerada por deficiencias operativas o la falta de planeación.
Con información de Infobae
