El excongresista mexicano Rodrigo Iván Cortés agotó sus recursos legales en su país después de ser declarado culpable de “violencia política de género” y otros delitos por sus publicaciones en redes sociales del pasado.
Rodrigo Iván Cortés llevó su caso a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en apelación y perdió, con la confirmación de una sentencia de primera instancia.
El político y defensor fue multado con 19 mil 244 pesos mexicanos y el tribunal de apelación le ordenó realizar “medidas de reparación”, incluida la publicación de una disculpa diaria redactada por el tribunal durante 30 días.
Además, deberá realizar un curso sobre “violencia política de género” e inscribirse en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política contra las Mujeres, según el bufete.
Cortés calificó la sentencia de “gravemente decepcionante” y denunció que “la supresión de la palabra y la expresión apunta a la demolición de la democracia en México“.
“Estoy comprometido a buscar justicia y asegurar mi derecho y el de todos los ciudadanos mexicanos a la libertad de expresión”, continuó. “Ninguna ley debe ser usada para silenciar o castigar a individuos por compartir sus convicciones, especialmente en temas de gran importancia. Expresar pacíficamente la verdad de la realidad biológica nunca puede ser un delito”.
Además de violencia política de género, Cortés también fue declarado culpable de violencia simbólica, violencia digital, violencia psicológica y violencia sexual.
La ofensa de Cortés fue llamar a la diputada mexicana Salma Luévano, que se identifica como transexual, “hombre que se autodenomina mujer”. Las publicaciones en las redes sociales en cuestión fueron realizadas por el Frente Nacional por la Familia, el grupo de defensa de Cortés.
Luévano presentó una denuncia contra Cortés, reclamando el derecho a ser “reconocida como mujer”, según ADF International. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló a favor de Luévano, y la apelación validó ese fallo.
Kristina Hjelkrem, abogada de ADF Internacional, dijo que su cliente simplemente no estaba de acuerdo y no es culpable de un delito, a pesar de la sentencia del tribunal.
“El desacuerdo no es discriminación, y la disidencia pacífica nunca debería penalizarse como violencia”, afirmó. “Es profundamente preocupante que Cortés, que ejerció su derecho a compartir pacíficamente sus puntos de vista sobre un asunto de importante debate actual, haya sido condenado como delincuente violento cuando son sus oponentes quienes están perpetuando el malestar dentro de las instituciones políticas de México.”
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El caso de Cortés comenzó en septiembre de 2022, cuando Luévano proponía una ley que algunos temían que impidiera la libertad religiosa al penalizar las enseñanzas cristianas sobre sexualidad como “incitación al odio”. Cuando Cortés se pronunció y criticó las medidas a través de las redes sociales, Luévano dijo que sus comentarios eran problemáticos y negaban la identidad de Luévano y su derecho a ser vista como mujer.
Cortés no es el primer político que se enfrenta a este tipo de represalias, ya que el diputado mexicano Gabriel Quadri también fue acusado de “violencia política de género” por sus mensajes en las redes sociales.
Cortés tiene previsto llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo de derechos humanos con la “misión de promover y proteger los derechos humanos en el hemisferio americano”.
Con información de 1.cbn.com