En 2012, don Genaro Ramírez (nombre asignado para resguardar su seguridad), un ejidatario de La Estanzuela, Teuchitlán, Jalisco, fue forzado a vender su tierra bajo amenaza de daño a su hija. Aquel predio, correspondiente a la parcela número 446 del ejido La Estanzuela, sería posteriormente transformado en el conocido Rancho Izaguirre: un campo de exterminio operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Trece años después, en un giro que aún intriga a los pobladores, el terreno apareció registrado como propiedad privada en el catastro municipal de Teuchitlán sin que nadie pueda explicar cómo se concretó el trámite.
La coacción: plata o plomo en La Estanzuela
En un día cualquiera de 2012, la vida de don Genaro cambió de forma radical. Mientras se encontraba en su casa con su esposa y su hija, hombres del CJNG irrumpieron violentamente en su domicilio. Uno de ellos tomó a la menor y la amenazó con hacerle daño si su padre no cedía el terreno. Aunque los agresores que ingresaron al hogar aparentemente no portaban armas visibles, se dice que tampoco hacía falta. Don Genaro, de entonces casi 50 años, no tuvo opción y accedió a vender su parcela. Aunque firmó el documento de cesión, conservó el certificado parcelario; los delincuentes solo buscaban el control físico del terreno.
Poco después, se erigió una barda perimetral con un zaguán que rezaba: “Izaguirre Ranch”. Así comenzó la conversión de la parcela 446 en un sitio de horror. Testimonios locales indican que el lugar operó como centro de exterminio, donde al menos 1,500 personas habrían sido asesinadas y calcinadas.
Un registro bajo sombras en 2025
En un giro desconcertante, a inicios de 2025 el terreno fue dado de alta como propiedad privada en el catastro de Teuchitlán. El trámite, que legalmente requiere la aprobación de la asamblea ejidal, la validación por parte del Registro Agrario Nacional (RAN) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), nunca fue documentado formalmente. Tampoco se efectuaron los deslindes que exige la ley para este tipo de cambios.
Vecinos y ejidatarios aseguran que no hubo asamblea ni notificaciones, y que don Genaro nunca entregó los documentos necesarios. Sin embargo, el predio figura en los registros municipales como dominio pleno, lo que implicaría un proceso de regularización legal inexistente, o al menos, nunca observado públicamente.
Trece años de impunidad: el campo de exterminio que nadie tocó
El Rancho Izaguirre se mantuvo como un enclave criminal desde su toma en 2012 hasta su abandono en 2025. Durante ese tiempo, el CJNG operó impunemente en la región, a pesar de que el lugar se encontraba a la vista de las autoridades locales, estatales y federales. Las administraciones de los presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y, al inicio de 2025, de Claudia Sheinbaum, coexistieron con la presencia de este campo clandestino.
La parcela 446: territorio bajo el terror y crematorio clandestino
Ubicada en el núcleo agrario de La Estanzuela, al poniente de la Laguna de La Vega, la parcela 446 abarca 3.3 hectáreas. De ese terreno, aproximadamente 11 mil metros cuadrados conformaban el llamado Rancho Izaguirre, protegido por muros de tres metros de altura. Dentro del predio había un bodegón cubierto, pero la mayor parte del espacio estaba al aire libre.
Según el Centro de Investigación Interdisciplinaria (CICA), un análisis satelital mostró que el terreno carecía de construcciones en 2011, pero para 2014 ya se encontraban edificadas la barda y el zaguán. La investigación también halló perforaciones en el terreno en 2013, que podrían haber sido utilizadas para inhumaciones clandestinas.
El despojo: un crimen en aumento en México
El caso de don Genaro es uno más dentro del fenómeno del despojo forzado, una práctica que ha crecido dramáticamente en México. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2015 y 2021 las denuncias por despojo crecieron en un 50.85%, pasando de 21,616 a 32,608 carpetas de investigación. Aún así, se presume que la cifra negra es mucho mayor.
Don Genaro nunca denunció formalmente. Las amenazas al inicio, y la incertidumbre sobre su propiedad en 2025, lo sumieron en el silencio. Vecinos aseguran que su salud se deterioró, y que el miedo lo acompañó hasta la actualidad.
¿Quién devolvió el predio?
La regularización de la parcela 446 como propiedad privada abre nuevas interrogantes. Ninguno de los requisitos legales para su conversión fueron visibles para la comunidad. Ni la asamblea ejidal aprobó el dominio pleno, ni se registró formalmente la transferencia ante el RAN o SEDATU. Tampoco hubo deslinde municipal. Sin embargo, el predio está registrado y el ayuntamiento le exige a don Genaro el pago del predial.
Este enigma no solo cuestiona la actuación de las autoridades locales y federales, sino que apunta a una posible red de complicidad o corrupción que permitió el cambio de estatus del terreno sin cumplir con los requisitos legales.
Rancho Izaguirre es el reflejo de una década de impunidad, donde el terror se impuso a la ley. La historia de la parcela 446 es, además, un ejemplo de cómo los procesos agrarios y catastrales pueden ser vulnerados o manipulados en zonas controladas por el crimen organizado.
Las preguntas siguen abiertas: ¿quién realizó el trámite?, ¿por qué se hizo sin respetar el marco legal?, ¿quién se benefició del cambio de propiedad? Y, sobre todo, ¿cuándo responderán las autoridades a estas interrogantes?
Con información de Eme Equis
