La defensa de la tierra, el territorio, el medio ambiente y los derechos civiles han convertido a México en un cementerio, ya que en los últimos seis años fueron asesinadas 225 personas que se dedican a estas luchas en el país.
Esta grave crisis de seguridad a la que se enfrenta el trabajo de defensa de derechos humanos también se reflejó en la desaparición forzada de 27 personas defensoras, revela el monitoreo “Todos sus nombres, Todas sus luchas”, sobre Agresiones Graves a Personas Defensoras en México que realizó la asociación civil Servicios para una Educación Alternativa (Educa).
Por ello, en el contexto de la celebración del Día de Muertos se presentó este monitoreo para honrar la memoria de todas las personas que dieron su vida por la defensa de los derechos, así como llamar la atención del estado y la ciudadanía, sobre la grave crisis de seguridad a la que se enfrenta el trabajo de defensa de derechos humanos.
“La información que aquí se presenta es apenas la punta del iceberg de las agresiones a personas defensoras. Es sólo una parte de la violencia que alcanza a ser visible en México, pero bajo este témpano se encuentra un entramado de relaciones de poder y dominación, violencia cultural y estructural, racismo y discriminación, pobreza y exclusión, en suma, un complejo mapa de la violencia que azota al país”, indica el informe.
Los datos también arrojan que existe una estrategia fallida de seguridad a nivel nacional y de aplicación de la justicia porque no hay investigaciones exhaustivas ni sentencias condenatorias. Incluso ocurre lo opuesto, hay omisiones, complicidades.
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Oaxaca ocupa el primer lugar en personas defensoras asesinadas en todo México con 58 casos, le siguen Guerrero con 39, Michoacán 21; Chiapas 17, Chihuahua con 10, Morelos 10, Puebla 10, Jalisco ocho, Sonora ocho, Veracruz siete, Estado de México seis, Baja California Norte cinco, Guanajuato cinco, Hidalgo cinco, Ciudad de México cuatro, Zacatecas tres, Sinaloa dos y con uno Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima y Tlaxcala.
Cabe destacar que el estudio abarca el periodo comprendido de diciembre de 2018 a octubre de 2024. Durante este tiempo se registraron un total de 252 atentados a la vida contra personas defensoras, estos casos de violencia letal incluyen: desapariciones, homicidios y ejecuciones extrajudiciales. Del total de casos registrados, 225 corresponden a asesinatos y 27 a desapariciones.
Además, en 42 de estos 225 casos, las organizaciones señalan al Estado mexicano como responsable de haber cometido una ejecución extrajudicial.
Con información de Proceso.
