Luego de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos de que CI Banco e Intercam Banco habrían facilitado operaciones de lavado de dinero para el crimen organizado, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervendrá la gerencia de ambas instituciones financieras.
Fue por medio de un comunicado oficial, que la CNBV precisó que esta decisión se tomó con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, con el objetivo de proteger los intereses del público ahorrador y de los acreedores.
“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales (…) dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América”, indicó el organismo regulador tras los señalamientos por lavado de dinero.
Las autoridades financieras mexicanas reiteraron su confianza en la solidez y resiliencia del sistema bancario del país, pese a las implicaciones internacionales del caso de supuesto lavado de dinero.
“Seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema”, concluyó el documento.
FUERTES ACUSACIONES DE ESTADOS UNIDOS
Ayer, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres instituciones financieras mexicanas de lavado de dinero obtenido a partir del tráfico ilícito de opioides.
Se trata de CIBanco, Intercam, y Vector Casa de Bolsa, las cuales fueron señaladas de tener presuntos nexos con cárteles mexicanos y de prestar servicios financieros que facilitan el tráfico de drogas, así como la adquisición de precursores químicos provenientes de China.
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En respuesta, las autoridades estadounidenses prohibieron realizar transferencias de fondos desde o hacia las tres instituciones financieras o a cualquier cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por las mismas.
La prohibición entrará en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal y se deriva de las acciones establecidas en la Ley de Sanciones contra el Fentanilo.
Las acusaciones han sido rechazadas por las tres instituciones, mientras que el gobierno mexicano ha exigido al Departamento del Tesoro enviar pruebas “contundentes” para poder actuar en consecuencia.
De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta ahora las autoridades estadounidenses únicamente han presentado información sobre transferencias entre empresas mexicanas y chinas “legalmente constituidas” a través de estas instituciones y que son parte de operaciones comerciales regulares entre ambos países.
Con información de Proceso y Animal Político.
