Un juez federal dictó sentencias ejemplares de entre 50 y 61 años de prisión contra siete antiguos integrantes de la extinta Policía Ministerial de Tamaulipas.
La Fiscalía General de la República demostró la responsabilidad de estos exfuncionarios en el secuestro y posterior ejecución de nueve personas durante marzo de 2013.
Los hoy condenados colaboraron activamente con grupos criminales en el periodo más cruento de la disputa territorial entre Los Zetas y el Cártel del Golfo. El fallo judicial castiga la traición a la seguridad pública cometida por quienes debían proteger a la ciudadanía en la capital tamaulipeca.
Los reportes oficiales detallan que los oficiales Roberto “S” y Martín “D” recibieron la pena más alta, alcanzando los 61 años y seis meses de cárcel.
Además de la privación de la libertad, el magistrado impuso una multa superior al millón de pesos por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.
Por su parte, los exagentes Carlos “G”, Rumaldo “G”, Ricardo “C”, Francisco “R” y Dony “P” enfrentarán 50 años de prisión tras confirmarse su participación en el mismo entramado delictivo. La justicia mexicana reafirma así su postura contra la infiltración criminal en las corporaciones de policías estatales.
La investigación ministerial comprobó que los sentenciados operaban desde el departamento de recuperación de vehículos en Ciudad Victoria.
El 13 de marzo de 2013, los agentes interceptaron a nueve civiles originarios de San Luis Potosí en la Central Camionera local. Lejos de cumplir con su deber, los uniformados entregaron a las víctimas a una célula de Los Zetas bajo la falsa sospecha de que pertenecían a una organización antagónica.
Este acto de colusión directa selló el destino de los retenidos, cuyos restos mutilados aparecieron semanas después cerca del ejido Santa Clara.
En un contexto de seguridad actual, la Guardia Estatal de Tamaulipas también reportó resultados significativos al liberar a cinco migrantes en el municipio de Soto La Marina.
Los efectivos detectaron a las víctimas, provenientes de Ecuador, El Salvador y México, dentro de un hotel local tras recibir denuncias sobre su cautiverio. Durante la intervención, los agentes capturaron a dos presuntos traficantes de personas, incluyendo a un ciudadano de origen venezolano.
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Estas acciones demuestran la vigilancia constante que mantienen los actuales policías para frenar los abusos contra poblaciones vulnerables en tránsito hacia el norte.
La región de Soto La Marina representa una ruta crítica debido a su cercanía estratégica con la frontera de Texas, Estados Unidos. Los grupos delictivos explotan estos senderos para el tráfico humano, aprovechando la geografía de la costa del Golfo de México.
No obstante, las autoridades estatales refuerzan la presencia operativa para desmantelar las casas de seguridad que operan en la clandestinidad.
La captura de estos presuntos delincuentes y la histórica sentencia contra los exministeriales envían un mensaje contundente sobre la cero tolerancia a la impunidad en las filas de los policías.
Con información de: Excélsior
