La iniciativa de extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la implementación de un modelo en el que sus atribuciones quedarían en manos del Ejecutivo federal, podría resultar en una regresión.
Eso colocaría al sector no sólo antes de la reforma constitucional de 2013, sino antes de 1996, época en la que prevalecía una estructura de monopolio privado y sin un órgano con atribuciones para regular la competencia en el sector de telecomunicaciones en México.
En el principio de los tiempos de la privatización, previo a 1996, no había autoridad sectorial, hasta que por decreto se creó la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en agosto de 1996, de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (CIU).
CIU o la Unidad de Inteligencia Competitiva, añadió que la creación de la Cofetel respondió a la necesidad de abrir los mercados y regular el sector, aunque en su origen careció de un reglamento y atribuciones sancionatorias.
Casi dos décadas después se identificó la necesidad de contar con un órgano con facultades incrementales y autonomía para transitar hacia una estructura de competencia efectiva, reducir las barreras a la entrada y erradicar las prácticas anticompetitivas en los mercados.
El carácter convergente que ganó el IFT tras la evolución de la Cofetel, ha permitido no sólo la reducción de precios de 32.1 por ciento en los servicios de telecomunicaciones en los últimos 11 años, sostiene la firma global de consultoría CIU.
También una expansión en la disponibilidad y accesibilidad de la conectividad que hace que 81.2 por ciento de la población sea usuaria de internet.
Asimismo, la administración más eficiente del espectro radioeléctrico resultó en redes 5G, y la promoción de inversiones en infraestructura de redes se ha traducido en que la mayoría de las de banda ancha fija superen velocidades de 50 megabits por segundo (Mbps).
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“México no puede darse el lujo de dar marcha atrás después de tres décadas del avance obtenido, primero por la Cofetel y más recientemente por el IFT, en un sector estratégico y esencial para el desarrollo económico y social del país”, concluyó la CIU.