Después de tres días de críticas públicas y de una solicitud expresa de información por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron que no utilizarán las camionetas blindadas recientemente adquiridas y que éstas serán devueltas o reasignadas a personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos.
En un mensaje difundido en redes sociales, el Máximo Tribunal informó: “En relación con los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta SCJN informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable”.
En el mismo mensaje, la Suprema Corte agregó: “Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”.
Y adelantó que “con el fin de precisar la información, mañana se ofrecerá una conferencia de prensa en las instalaciones de este Máximo Tribunal”.
El 22 de enero trascendió en medios de comunicación que los ministros, electos por voto popular en junio del año pasado, estrenaron camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas.
Al día siguiente, Claudia Sheinbaum señaló que, por conducto de la Secretaría de Gobernación (Segob), solicitó al Poder Judicial información sobre la adquisición de los vehículos y afirmó que la Corte debía aclarar la situación.
Por su parte, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) sostuvo que la compra de las unidades formó parte de un proceso de sustitución del parque vehicular del Poder Judicial, en el que se cambió el esquema de arrendamiento por el de adquisición. De acuerdo con ese organismo, el cambio representaría un ahorro de mil 98 millones de pesos para los años 2026, 2027 y 2028.
Hasta el momento, el OAJ no ha transparentado el contrato. Sin embargo, el acta de la sesión del 5 de diciembre del Comité de Adquisiciones, Servicios, Obras y Desincorporaciones (CASOD) de la Suprema Corte consigna que el costo total de las camionetas fue de 25 millones 650 mil pesos, lo que representa un precio promedio de 2 millones 850 mil pesos por unidad, con IVA incluido.
En la sesión del CASOD no se expusieron las razones específicas para autorizar la compra y el acta únicamente refiere que la solicitud fue presentada por la Dirección General de Seguridad de la Suprema Corte.
La empresa adjudicada forma parte de Grupo Andrade, proveedor de patrullas y vehículos de renta para distintos gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.
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El 22 de enero, la SCJN señaló que la compra de las nueve camionetas blindadas respondió a criterios de seguridad institucional, luego de que las unidades asignadas en administraciones anteriores ya no cumplían con los estándares adecuados.
“Esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación”, refirió la Suprema Corte mediante un comunicado.
En el mismo posicionamiento, indicó que “dicha renovación se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente”.
Con información de Proceso.
