El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy, fue declarado culpable por el tribunal correccional de París, por asociación ilícita en el marco de la causa sobre la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2007 con fondos provenientes del régimen de Libia.
Según la presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino, Sarkozy permitió que sus colaboradores actuaran para obtener apoyos financieros de Libia entre 2005 y 2007, lo que configura el delito de asociación ilícita.
El exmandatario, de 70 años, fue absuelto de los cargos de corrupción y de encubrimiento de malversación de fondos públicos. Al fallo asistió acompañado de su esposa, Carla Bruni-Sarkozy, a la espera de saber la pena que el tribunal impondrá al final de la audiencia. La fiscalía había solicitado anteriormente una condena de siete años de prisión.
En la misma audiencia fue hallado culpable Claude Guéant, exdirector de campaña de Sarkozy, por asociación ilícita, corrupción pasiva, tráfico de influencias, falsificación y blanqueo agravado. En cambio, Ahmed Salem Bugshan, Edouard Ullmo y el exministro Éric Woerth fueron absueltos de los cargos por los que estaban acusados.
La sentencia dictada cierra una etapa clave en el proceso más mediático sobre supuesta financiación extranjera en la política francesa de las últimas décadas. Se espera que la lectura completa de la condena precise la duración y condiciones de la pena para el ex jefe de Estado.
El exmandatario compareció ante el tribunal por cargos de corrupción pasiva, financiación ilegal de campaña, encubrimiento de malversación de fondos y asociación delictiva. La defensa remarcó en varias oportunidades que ningún documento probado acredita la recepción de fondos por parte del ex presidente.
“¿Qué credibilidad puede darse a declaraciones marcadas por un ánimo de venganza?”, expresó Nicolas Sarkozy durante el proceso.
Las acusaciones surgieron a raíz de un reportaje publicado en 2012 que incluía un memorándum de inteligencia libio, el cual mencionaba un supuesto acuerdo para canalizar 50 millones de euros a la campaña de Sarkozy. El exlíder francés tildó el documento de “falsificación” y denunció difamación.
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Las autoridades judiciales galas, tras examinar el memorándum, determinaron que tenía apariencia de autenticidad, pero no consiguieron demostrar que el dinero se hubiese transferido de forma concreta.
Los investigadores examinaron repetidos viajes a Trípoli realizados entre 2005 y 2007 por colaboradores cercanos a Sarkozy, etapa en la que ocupaba el Ministerio del Interior. Las pesquisas se centraron en la posibilidad de que esos desplazamientos estuviesen relacionados con la ingeniería financiera del presunto aporte libio a la contienda electoral.
En 2016, el empresario franco-libanés Ziad Takieddine aseguró que transportó maletas llenas de dinero desde Trípoli a París con destino al Ministerio del Interior bajo el mandato de Sarkozy. Más tarde, Takieddine se retractó, abriendo una investigación paralela sobre posible manipulación de testigos que aún no llega a juicio. Tanto Sarkozy como su esposa, Carla Bruni-Sarkozy, figuran como imputados en esa línea de investigación por supuestamente intentar presionar a testigos involucrados.
El juicio se desarrolla en un contexto marcado por múltiples controversias judiciales para Nicolas Sarkozy, cuya reputación política se ha visto erosionada por varias condenas previas.
En junio pasado, fue despojado de la Legión de Honor, máximo galardón francés. Se trata de la primera ocasión en que un ex presidente pierde esta distinción debido a una condena penal. En una causa previa, fue encontrado culpable de corrupción e intento de tráfico de influencias por intentar sobornar a un magistrado, motivo por el cual fue condenado a portar un brazalete electrónico durante un año, aunque la medida terminó suspendiéndose por su edad.
Otro tribunal determinó en 2023 que Nicolas Sarkozy incurrió en financiamiento electoral ilegal en su intento de reelección. Se le acusó de duplicar el límite permitido de gastos de campaña, lo que se tradujo en un año de prisión, con seis meses de ejecución condicional. El ex mandatario espera la resolución de su apelación ante la Corte de Casación, máxima instancia judicial del país.
Con información de AFP.
