El expresidente peruano Alberto Fujimori salió de la cárcel este miércoles en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió a las autoridades del país andino que se abstuvieran de hacerlo.
Fujimori abandonó el penal de “Barbadillo”, en el este de Lima, un día después de que se conociera que el TC dispuso “la inmediata libertad del favorecido” al restituir los efectos del indulto que le otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó este miércoles una resolución en la que solicitaba al Estado de Perú abstenerse de liberar al expresidente con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
“Requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de 4 de diciembre de 2023, en donde se ordenó la ‘inmediata libertad’ de Alberto Fujimori”, indicaba la resolución publicada por la CorteIDH y con fecha del 5 de diciembre.
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En abril de 2022, la CorteIDH ordenó a Perú abstenerse de aplicar una sentencia del Tribunal Constitucional que otorgaba un indulto a Fujimori, pues era contraria a las sentencias del tribunal internacional en los casos La Cantuta y Barrios Altos, por los cuales el expresidente fue condenado a 25 años de cárcel.
En esas sentencias la CorteIDH ordenó al Estado que cumpla con su obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos.
La resolución publicada este miércoles por la CorteIDH se da luego de que los representantes de las víctimas presentaron un escrito el martes en el que alegaron que existe “una situación de extrema urgencia pues la máxima instancia jurisdiccional a nivel nacional ha adoptado una decisión en abierto desacato a lo ordenado por las Resoluciones de la Corte Interamericana del 2018 y el 2022”.
La CorteIDH detalló que los representantes de las víctimas denunciaron que la liberación de Fujimori “generaría un daño irreparable a los derechos de acceso a la justicia de los familiares” ya que “no hay recursos a nivel nacional para cuestionar la decisión” del Tribunal Constitucional.
Los partidarios de Fujimori esperaban con gran entusiasmo la salida del exmandatario en la puerta del penal de Barbadillo, mientras que los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las que el exgobernante está sentenciado, protestaron por el fallo del TC.
La resolución del TC peruano, firmada por 3 de sus actuales 6 miembros, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales, declaró “fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado, recaída en el presente proceso”.
El pasado viernes, un juzgado de la región sureña de Ica declaró improcedente una primera resolución del Constitucional que restablecía el indulto de Fujimori y devolvió el caso al TC.
Fujimori estaba recluido en el centro penitenciario de Barbadillo, donde cumple una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad.
Además de su condena a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350 mil mujeres y 25 mil hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno.
El expresidente peruano aludió a sus 85 años de edad y delicado estado de salud para argumentar que debe purgar el resto de su pena fuera de prisión.
Con información de: Aristegui Noticias
