Tras meses de relativa calma y con niveles de violencia en las calles reducidos, los asesinatos alcanzaron otra vez niveles no vistos en casi 30 años en el país centroamericano.
Como resultado, la Asamblea legislativa -de mayoría oficialista- aprobó el miércoles una nueva solicitud del Ejecutivo para combatir a las llamadas maras, orientada a reformar el código penal para endurecer las condenas contra los pandilleros.
La medida tiene lugar luego de que el gobierno de Nayib Bukele pidiera el domingo a la Asamblea que declarara el estado de excepción en el país, luego de que se reportaran más de 80 asesinatos durrante el fin de semana.
El Salvador tiene una larga historia de grupos del crimen organizado que luchan contra las fuerzas de seguridad y entre ellos para controlar el territorio y las rutas de la droga en Centroamérica. El pequeño país centroamericano, aproximadamente del tamaño del estado estadounidense de Massachusetts, lideró el mundo por la cantidad de homicidios relacionados con el tamaño de su población durante varios años seguidos en la década de 2010.
El presidente Nayib Bukele asumió el cargo en junio de 2019 con un amplio apoyo, luego de prometer una postura firme contra la violencia de las pandillas, que ha asolado a El Salvador durante décadas.
En 2020 autorizó el uso de la fuerza letal por parte de la policía y el ejército contra pandilleros que dijo estaban aprovechando la pandemia del coronavirus, luego de un fin de semana de violencia que dejó al menos 50 muertos en todo el país.
En diciembre, el Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones a dos funcionarios del gobierno de El Salvador, acusándolos de negociar con MS-13 y Barrio 18 en un esfuerzo por alcanzar una “tregua” y reforzar el apoyo político.
Durante las negociaciones, alegó el gobierno de EE.UU., los líderes de las pandillas acordaron brindar apoyo político al partido gobernante Nuevas Ideas en las próximas elecciones. EE.UU. señaló que Nuevas Ideas obtuvo una supermayoría de dos tercios en las elecciones legislativas de 2021.
Estados Unidos también acusó a la administración de Bukele en 2020 de brindar incentivos financieros a las pandillas para “garantizar que los incidentes de violencia de pandillas y el número de homicidios confirmados se mantuvieran bajos” y de ofrecer teléfonos móviles y prostitutas a los líderes pandilleros encarcelados.
Los críticos, mientras tanto, han acusado al mandatario de 40 años de tendencias autoritarias.
En febrero de 2020, Bukele envió tropas armadas al Congreso mientras exigía que los legisladores aprobaran su plan para asegurar un préstamo de US$ 109 millones para abordar la violencia de las pandillas.
Y en septiembre pasado, el máximo tribunal de El Salvador dictaminó que el presidente puede cumplir dos mandatos consecutivos, allanando el camino para que Bukele se postule a la reelección en 2024.
Los jueces del alto tribunal fueron designados en mayo de 2021 por el Congreso recién electo del país, que está dominado por el partido de Bukele, luego de que los legisladores destituyeran a los magistrados de la sala constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general.
Aunque los homicidios han disminuido desde que Bukele asumió el poder, los asesinatos han ido en aumento en las últimas semanas.
Bukele dijo el domingo que las medidas “solo serán implementadas por las instituciones pertinentes solo cuando sea necesario”.
“La vida continuará con normalidad para la gran mayoría de las personas”, dijo en un tuit.
(Con información de CNN)
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