En un movimiento sin precedentes, la administración del presidente Donald Trump ha decidido asumir el control directo sobre la selección de los periodistas que podrán formular preguntas durante las conferencias de prensa en la Casa Blanca. Esta decisión marca un cambio significativo en la relación entre el gobierno y los medios de comunicación, generando debates sobre la libertad de prensa y el acceso equitativo a la información.
Casa Blanca decide qué reporteros podrán entrevistar a Donald Trump
Tradicionalmente, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) ha sido la encargada de organizar y coordinar las interacciones entre el presidente y los medios, asegurando que una variedad de voces y medios tengan la oportunidad de participar en las sesiones informativas. Sin embargo, con la nueva directriz, es el equipo de prensa de la propia administración la que decidirá qué periodistas estarán en el ‘pool’ para poder hacerle preguntas al presidente Trump.
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca hizo saber que además de los medios tradicionales para cubrir al presidente, se sumarán también algunos servicios de streaming para modernizar el acceso a lo que sería “el nuevo pueblo estadounidense”.
La libertad de prensa se ve limitada por la adminstración de Trump
Este cambio ha suscitado preocupaciones entre defensores de la libertad de prensa y organizaciones periodísticas. La capacidad del gobierno para seleccionar directamente a los periodistas que pueden interactuar con el presidente podría interpretarse como una herramienta para favorecer a medios afines y limitar las voces críticas, afectando la diversidad informativa y el escrutinio público.
La relación entre la administración Trump y ciertos medios ha sido tensa. Un ejemplo destacado es el conflicto con la agencia de noticias Associated Press (AP). Tras la orden ejecutiva del presidente Trump que renombraba el Golfo de México como “Golfo de América”, AP decidió mantener la nomenclatura tradicional en sus publicaciones. En respuesta, la Casa Blanca vetó a los periodistas de AP, impidiéndoles el acceso a eventos presidenciales y áreas clave como el Despacho Oval.
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La medida provocó que AP presentara una demanda contra el gobierno de Trump, argumentando que el veto constituía una represalia que violaba la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual protege la libertad de expresión y de prensa. Este caso ha reavivado el debate sobre los límites de la autoridad gubernamental en la regulación del acceso de los medios y la posible censura indirecta.
Para muchos, el hecho de que la administración del presidente sea quien decida quiénes lo cubrirán de forma mediática es un golpe no solo para la primera enmienda, sino para la democracia estadounidense.
Con información de El Universal
