En un polémico movimiento impulsado por la actual administración de Donald Trump, más de seis mil migrantes (en su mayoría de origen latinoamericano) han sido agregados a una base de datos oficial del gobierno estadounidense como si estuvieran muertos. Esta acción ha provocado que se les retiren derechos como la posibilidad de trabajar legalmente o acceder a servicios sociales.
La información fue publicada por The Washington Post, que tuvo acceso a documentos internos y testimonios de funcionarios del Gobierno federal.
La decisión habría sido ejecutada por el Departamento de Seguridad Nacional bajo la dirección de su titular, Kristi Noem, como parte de una estrategia para disuadir la permanencia de migrantes indocumentados en el país.
Esta maniobra se sustenta en dos memorandos confidenciales firmados esta misma semana, en los cuales se autoriza al Seguro Social a registrar a ciertos inmigrantes en su base de datos de defunciones. Según los documentos, esta decisión está respaldada por “motivos de seguridad nacional”.
Entre los grupos más afectados se encuentran migrantes que anteriormente contaban con estatus legal, pero que lo perdieron, así como beneficiarios de programas humanitarios o temporales autorizados durante el gobierno de Joe Biden. Con esta medida, se busca dificultar su permanencia en Estados Unidos.
De acuerdo con fuentes consultadas por el diario, algunas de las personas que aparecen en esta “lista de fallecidos” también figuran en bases de datos del FBI relacionadas con actividades delictivas o de posible interés para la seguridad nacional.
Además de los más de seis mil afectados inicialmente, el plan contempla ampliar esta política a alrededor de 92 mil migrantes con antecedentes penales. Estos registros incluirían desde delitos menores hasta crímenes graves, según la información obtenida por The Washington Post.
Por su parte, Elizabeth Huston, vocera de la Casa Blanca, declaró que esta medida forma parte de una promesa de campaña del presidente Trump de llevar a cabo deportaciones masivas.
“Queremos eliminar los incentivos económicos para que los indocumentados permanezcan aquí. Esta es una forma de fomentar su auto-deportación”, señaló.
La estrategia, sin embargo, ha generado preocupación incluso dentro del propio aparato gubernamental, pues algunos funcionarios del Seguro Social habrían advertido que etiquetar a personas vivas como fallecidas podría representar una violación a las leyes de privacidad y derechos civiles.
También te puede interesar: China responde a Donald Trump e impone aranceles de 125% a los Estados Unidos
La ofensiva migratoria también incluye la eliminación de permisos temporales emitidos bajo la administración anterior, así como la promoción de una aplicación móvil diseñada para facilitar procesos de auto-deportación. Además, se ha reportado la transferencia de migrantes acusados de delitos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Esta medida se suma a una serie de políticas más severas que han marcado el regreso de Donald Trump a la presidencia, generando fuertes críticas por parte de defensores de los derechos humanos y expertos legales.
Con información de El Universal.
