Cancún.- Funcionarios, jueces y hasta ministros se han esforzado desde hace meses en entorpecer las investigaciones que llevaron a la cárcel a los ex gobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, y de Veracruz, Javier Duarte, situación que ya ha sido detectada por la actual administración federal.
Al menos así lo asevera el periodista Salvador García Soto en su columna “Serpientes y Escaleras” del periódico El Universal, quien indicó que el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador había detectado, en los meses previos al arranque del actual sexenio, que hay un grupo de jueces y funcionarios que dificultan las investigaciones solicitadas por agencias extranjeras como la DEA y el FBI, por lavado de dinero, en contra de importantes empresarios ligados al grupo de Enrique Peña Nieto.
Pero además, estos “peñistas” se han esforzado en cambiar los criterios utilizados para detener a Roberto Borge Angulo y Javier Duarte, pues, de la mano de Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han obligado a la Comisión Bancaria y a la Secretaría de Hacienda a tener que someter ante un juez dos veces una investigación de cuentas, cuando buscan abrirlas y luego cuando buscan imputar delitos.
El resultado de esto, según el columnista, es que las investigaciones podrían tomar años en consignar los delitos, lo que facilitaría que los cómplices y operadores finacieros de los exgobernadores queden en la impunidad.
Logrado esto, este grupo ahora busca cambiar los criterios para el congelamiento de cuentas sospechosas, ante la Segunda Sala de la Corte, añade el periodista, situación que ya es investigada por la propia Corte Suprema.
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldivar, es quien encabeza estas investigaciones, como parte de la “limpieza interna” del Poder Judicial, hoy duramente cuestionado por el Ejecutivo federal. En este sentido, habría ordenado reactivar 2 mil investigaciones en el Consejo de la Judicatura que “misteriosamente” estaban inactivas, y también ya se revisan los casos de jueces en la nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación.
