PLAYA DEL CARMEN, MX: El gobierno de Roberto Borge Angulo, permitió que los centros de reclusión que existen en la entidad tuvieran autogobiernos y/o cogobiernos; y a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación (M-03/2016), jamás se atendió.
La CNDH emite una recomendación general
Al publicar este lunes la Recomendación General 30/2017, la CNDH documenta el estado que guardan varios centros de reclusión del país, donde destaca Quintana Roo pues estos autogobiernos se dan incluso entre las mujeres.
En su observaciones, donde constató entre el 2011 y el 2015 las condiciones de más de 2 mil centros de reclusión, destaca el número al alza de los autogobiernos.
Y, resalta:
“En las Recomendaciones M-01/2016, M-03/2016 y M-04/2016 sobre los centros de reclusión que dependen de los Gobiernos de los Estados de Nuevo León, Quintana Roo e Hidalgo, emitidas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se acotó en relación a las condiciones de autogobierno/cogobierno, existente en los Centros de readaptación social (CERESOS) de esas entidades federativas, que se detectó la presencia de grupos de internos con poder, los cuales ejercen control sobre otros reclusos y diversas actividades como las de tipo laboral y recreativo, reparto de alimentos, asignación de tareas de limpieza de áreas comunes, administración de tiendas de abarrotes y otros negocios de venta de alimentos,así como la existencia de cobros por concepto de protección, asignación de plancha para dormir, pase de lista, mantenimiento de dormitorios, no realizar tareas de limpieza y uso del teléfono, además, en algunos casos los internos controlan las llaves de acceso a las estancias y se observó la existencia de áreas de privilegios”.
También destaca que en el “Informe Especial de esta Comisión Nacional sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana” de 2015, se reportaron omisiones al deber de protección en 38 centros en los Estados de Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz: “… se tuvo conocimiento de internas que ejercen control sobre otras, así como la realización de alguna o varias actividades propias de la autoridad, tales como la asignación de estancias, la vigilancia, mantenimiento del orden, la aplicación de sanciones disciplinarias, la distribución de los alimentos, las tareas de limpieza, la organización de actividades laborales, educativas o deportivas; el acceso al servicio médico, la visita familiar e íntima, así como el uso de teléfonos públicos, entre otros.”
Sin embargo, el gobierno de Roberto Borge nunca atendió estas recomendaciones emitidas por la CNDH y, en consecuencia, se han visto las riñas entre internos para obtener el control. El último caso, ocurrido precisamente en el Centro de Retención Municipal de Solidaridad, con los resultados conocidos de más de una veintena de heridos y dos muertos.
Sobre el estado en general que guardan todos los centros penitenciarios del país, la CNDH emitió seis recomendaciones generales:
PRIMERA. Se ejecute un programa de monitoreo permanente para verificar el estado que guarda la seguridad, y las condiciones de gobernabilidad de todos los centros penitenciarios y que se instrumente un programa de mejora continua que contemple su control y gobierno de forma integral.
SEGUNDA. Se destine en forma suficiente y etiquetada el presupuesto otorgado al sistema penitenciario de cada entidad federativa para hacer frente a las necesidades de los centros de reclusión, con apoyo y seguimiento de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.
TERCERA. Se incremente la plantilla del personal de seguridad y custodia en los centros de reclusión que cuenten con un número inferior al necesario y, de manera prioritaria, con los que se conducen bajo condiciones de autogobierno/cogobierno, de conformidad con los perfiles específicos del personal penitenciario.
CUARTA. Identificar a los servidores públicos que indebidamente propician o facilitan las condiciones de autogobierno y/o cogobierno y proceder contra ellos administrativa y en su caso, penalmente.
QUINTA. Se impulsen los programas de rendición de cuentas por parte de los órganos de control de cada dependencia y/o entidad federativa, para erradicar prácticas que fomenten condiciones de autogobierno y/o cogobierno en los centros penitenciarios de la República Mexicana, quienes a través de estos programas deberán estar informando periódicamente sobre los avances en la materia.
SEXTA. Se desarrolle un programa permanente de capacitación para el personal de seguridad y custodia de los centros de reclusión de la República Mexicana a efecto de garantizar la seguridad y control de la institución, erradicar las prácticas de autogobierno y/o cogobierno, con respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
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El texto íntegro de la Recomendación General No. 30 puede ser consultado, tanto en la Gaceta, como en la página web de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: www.cndh.org.mx.
